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- 19/12/2017 01:00
- 19/12/2017 01:00
A un día de celebrarse las elecciones parlamentarias en la región de Cataluña, el Gobierno español y los secesionistas catalanes se acusan mutuamente de cometer ilegalidades.
Por un lado el Gobierno español acusa a los secesionistas de querer implementar un programa que atenta contra el bienestar de la ciudadanía de la región autonómica así como del país y por el otro lado los secesionistas acusan al Ejecutivo español de perseguir a sus líderes.
Los comicios autonómicos que tendrán lugar este jueves 21 de diciembre fueron convocados por el Ejecutivo español el pasado 27 de octubre, reporta la agencia EFE .
‘Quiero construir el futuro siempre con los máximos consensos y la máxima unidad posible, siempre ofreciendo la mano',
CARLES PUIGDEMONT
EXPRESIDENTE DE CATALUÑA
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció el lunes en el Senado para justificar las medidas tomadas en octubre, que calificó de ‘necesidad ineludible' para proteger los derechos de los catalanes y restablecer la ley.
La vicepresidenta agregó que la propuesta secesionista era contraria al ‘interés general, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos'.
A estas declaraciones replicó la número dos de la candidatura de ERC (republicanos de izquierda secesionistas), Marta Rovira, quien recordó que varios líderes del movimiento están en prisión provisional ‘por una clara voluntad política' del Ejecutivo central.
Las palabras de Rovira son una alusión al candidato de ERC, Oriol Junqueras, quien es uno de los cuatro encarcelados provisionalmente y uno de los candidatos favoritos en las encuestas.
Desde la prisión Junqueras hizo unas declaraciones el lunes a la emisora RAC1 en las que afirmó que si está en una celda es porque ‘hemos demostrado que damos la cara... no me escondo nunca de lo que hago y soy consecuente con mis actos y decisiones'.
El comentario de Junqueras es visto como un ataque al expresidente de la región Carles Puigdemont, que a finales de octubre se marchó a Bruselas y sobre el que pesa una orden de detención si pisa España.
El exconsejero de Sanidad, Toni Comin, ahora en Bélgica junto a Puigdemont ha respondido a estas declaraciones que ‘estar en el exilio es de valientes' también.
Por su parte el expresidente catalán ha señalado por un lado que si él no es investido se estaría apoyando la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
Además dijo que pese a todo quiere ‘construir el futuro siempre con los máximos consensos y la máxima unidad', informa el diario español El País .
Carles Riera, el cantidato de la agrupación izquierdista y secesionista CUP, dijo en una entrevista con El País que esta dispuesto a tender la mano a ERC y Junts per Cataluya (la formación de Puigdemont), pero les reprocha querer dialogar con el gobierno.
A juicio de Riera las medidas tomadas por el Gobierno español sobre Cataluña tienen todos los componentes de un ‘golpe de Estado'.
Si se retorna al marco constitucional en lugar de ‘desobedecer' el artículo 155, la CUP pasaría a estar en la oposición, afirma el candidato de la agrupación.
La otra favorita en las encuestas junto a Junqueras es la liberal Inés Arrimadas. Ella advirtió de que si después de las elecciones del 21 de diciembre vuelven a gobernar los partidos independentistas la región irá a ‘peor' porque ‘dan miedo'.
Según las últimas encuestas el ERC sería el partido más votado el próximo jueves, aunque otros sondeos atribuyen un mayor número de votos a la agrupación Ciudadanos.
Mientras tanto, el Gobierno español ha pedido colaboración a la Unión Europea (UE) para garantizar la ciberseguridad en el proceso electoral del jueves, según confirmó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Además, el centro de recuento de votos y de difusión se ha reforzado con recursos humanos y tecnológicos y se ha realizado una simulación de ‘todo el proceso' para analizar la seguridad del sistema de escrutinio, que se completó ‘sin ninguna incidencia', según el Gobierno español.
Estas iniciativas tienen lugar después de que durante el proceso previo a la declaración ilegal de independencia se registraran desde territorio ruso y venezolano, según el Gobierno español, mensajes a través de Internet que respaldaban la acción de los secesionistas.