15/01/2019 - 7:05 p.m. martes 15 de enero de 2019

El antichavismo pone bases legales a cruzada por desalojar a Maduro del poder

El movimiento de la Cámara es la confirmación a la postura que habían expresado los opositores desde mayo pasado

Los antichavistas no reconocer el  nuevo período de 6 años de Nicolás Maduro. / Efe
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Los antichavistas no reconocer el  nuevo período de 6 años de Nicolás Maduro.

EFE

El antichavismo puso hoy bases legales a su cruzada por desalojar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, que ejerce desde 2013 y cuyo nuevo período de 6 años no reconoce y tacha como "ilegítimo", al declarar que este usurpa la Presidencia por lo que incentivó a funcionarios civiles y militares a desconocer su mandato.

El Parlamento, único poder que controla la oposición, acordó este martes "declarar formalmente la usurpación de la Presidencia" por parte de Maduro y, por lo tanto, "asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto" del líder chavista, así como repudiar por "nulos todos los supuestos actos emanados del poder Ejecutivo".

El movimiento de la Cámara es la confirmación a la postura que habían expresado los opositores desde mayo pasado, cuando aseveraron que no reconocerían la legitimidad de Maduro más allá del 10 de enero, cuando venció el mandato que ganó en 2013.

En su acuerdo de hoy, el Parlamento también señala que creará un "marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo".

A sabiendas de que el simple decreto no despoja a Maduro del cargo, los legisladores decretaron esta misma jornada una Ley de Amnistía para funcionarios civiles y militares que "colaboren en la restitución del orden constitucional" del país.

En el primero de sus 6 artículos, la herramienta legal decreta la "amnistía" para todos aquellos que "contribuyan a la defensa de la Constitución como deber establecido en los artículos 333 y 350" de la Carta Magna venezolana.

De igual forma, la ley decreta el "reconocimiento de todas las garantías de reinserción democrática" de los funcionarios de las fuerzas de seguridad que presten ese servicio a la nación como un "deber" del Parlamento.

Durante la discusión del texto, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, extendió un reconocimiento a todas las víctimas que, aseguró, ha dejado la "represión" en los 20 años de Gobierno chavista.

En ese sentido, pidió a los funcionarios de seguridad "un voto de confianza", asegurando que la amnistía y garantías serán para todos los que "sí quieren ser protegidos por el imperio de la ley", y que nadie pretende "torcer brazos", sino "estrechar manos".

El texto de la ley, según Guaidó, será distribuido "por todas las unidades y todos los cuarteles militares" de Venezuela, que el chavismo dice le apoyan en la "construcción" del llamado socialismo del siglo XXI.

Pero hoy mismo, el ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino López, aseguró que las acciones del Parlamento constituyen una "burla" a la Carta Magna vigente, y que los militares están "dispuestos a morir" para defender a Maduro.

"Estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa Constitución, ese pueblo, esas instituciones (y) a usted (Maduro) como magistrado supremo, presidente constitucional", dijo el funcionario durante una reunión con el jefe del Estado, que fue transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión.

Padrino López señaló que Maduro es presidente por mandato del pueblo, que "lo puso allí" en unas elecciones a las que no se presentó el grueso de la oposición, y aseveró que la Fuerza Armada está fuerte y "unida" ante los llamamientos a desconocer a su comandante en jefe.

"Aprovecho este espacio para decirle a todos los factores internacionales que agreden constantemente a Venezuela que hay una Fuerza Armada que está vigente, cada día más consciente de su deber histórico, su deber constitucional", añadió.

Pese a sus esfuerzos, la decisiones del Parlamento no son atendidas por la rama Ejecutiva del país.

El Supremo declaró a la Cámara en desacato semanas después de que el antichavismo se hiciera con la mayoría de los escaños a principios de 2016 y desde entonces Maduro no rinde cuenta a los diputados en tanto que el resto de poderes públicos, cercanos al Ejecutivo, no toman en cuenta sus decisiones. 

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