Política 04/03/2018 - 12:00 a.m. domingo 4 de marzo de 2018

‘Varela tiene miedo de que lo investiguen cuando deje el Gobierno'

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dice que no existen precedentes en el tiempo que han tomado los nombramientos a magistrados de la Corte Suprema. 

  / Adriano Duff | La Estrella de Panamá
Adriano Duff | La Estrella de Panamá

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Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

Magaly Castillo ha liderado la Alianza Ciudadana Pro Justicia desde hace 16 años, pero nunca había mostrado tanta decepción del sistema judicial como ahora. Pareciera que ya no vale la pena alzar la voz en favor de un mejor sistema porque nada pasa, las demandas se archivan, los nombramientos de los candidatos a magistrados no siguen el Pacto de Estado. El daño es irreversible, asegura con firmeza.

VEÍAMOS A UNA ALIANZA CIUDADANA MUY ACTIVA AL PRINCIPIO DEL GOBIERNO, PERO ÚLTIMAMENTE HAN ESTADO MUY PASIVOS, ¿ESTÁN DECEPCIONADOS DEL SISTEMA?

Sí, nosotros hicimos un monitoreo de casos sensitivos, ahora hemos suspendido esta actualización y tiene que ver un poco con la decepción, la frustración ciudadana que todos sentimos de que no pasa nada, de que están estancados y las pruebas están ahí, que hay todo tipo de informes de la Contraloría, etc., pero las audiencias se posponen una tras otra y no hay manera de que en este país el Órgano Judicial ponga orden. En principio, la idea era evitar esas prácticas dilatorias que nos tienen en las mismas.

¿DEL 0 AL 10, CÓMO CALIFICA EL MANEJO DE LA CORTE EN LOS CASOS SENSITIVOS O LLAMADOS DE ALTO PERFIL?

En un 4. Reprobado por completo. Siento que en algunos casos el Ministerio Público ha tratado de hacer un trabajo, sobre todo en los del periodo del gobierno de Ricardo Martinelli, no los de Odebrecht o Blue Apple, pero todos esos casos están estancados en el Judicial. Por lo menos eso fue lo que vimos en el seguimiento de casos de alto perfil que hicimos, en ellos había información en el expediente, pero cuando llegaban al Judicial pasaban meses hasta que se fijaban fechas de audiencia. Una vez se dan, se posponen en varias ocasiones y los jueces lo están permitiendo.

¿CÓMO ANALIZA EL HECHO DE QUE EL PRESIDENTE NO TENGA CONTROL DE LA ASAMBLEA?

Yo creo en la independencia de los poderes, pero el tema en este momento es que él tiene una Asamblea en un periodo pre electoral y que está ‘enchispada' por las investigaciones de corrupción y los partidos políticos están en alerta. El presidente tiene un problema que no tendría en otra situación, pero en este momento, los dos partidos opositores harán resistencia dependiendo de a quienes se nombre próximamente como magistrados. Esta situación le está creando al presidente una complicación.

¿QUÉ PIENSA DE LA DEMORA EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA?

Es como si el presidente no comprendiera la magnitud del problema que tiene. Es el mayor reclamo ciudadano por una Corte independiente, el nombramiento de personas que no tengan vínculos con el Ejecutivo, no quieren primos, esposas de ministros etc. Hoy hay más reclamo de la ciudadanía para que se hagan nombramientos independientes. Además, la Asamblea tiene a dos partidos con mayoría que están haciendo todo para ganar las próximas elecciones. Los diputados van a estar pendientes de la opinión ciudadana. Por otra parte, el presidente esta violando el Pacto de Estado por la Justicia y él se comprometió, en su plan de gobierno, a hacer consultas con la población al momento de nombrar a los magistrados; por ende, él desconoce su propio plan de gobierno y viola el Pacto de Estado por la Justicia. Hoy en día, el gobierno está quedando mal, como uno que no respeta la democracia, que no respeta la justicia, que quiere manipular al Órgano Judicial, porque al final, ¿por qué fue la testarudez? La gente percibe que él quiere controlar la Corte Suprema. Tiene miedo a que se le investigue.

¿USTED CREE QUE SE PUEDAN RECHAZAR LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS?

Yo escuché que sí. El Partido Revolucionario Democrático dijo que si venían nombres que no provinieran del mecanismo del Pacto de Estado por la Justicia los iban a rechazar. Los dos partidos anunciaron esto, aunque en su momento ninguno de los dos lo respetó cuando tocó el turno de hacer sus nombramientos. En este momento, respaldo el hecho de que no se apoye ningún nombramiento que no provenga del mecanismo pactado. Esto no debería demorar la escogencia, porque la experiencia que hemos tenido es que duró quince días.

EL MECANISMO DEL PACTO DE ESTADO, ¿DA UNA LEGITIMIDAD DE QUE SE ESCOJA A ALGUIEN INDEPENDIENTE?

No es garantía, pero es mejor. La vez pasada el presidente escogió los diez nombres de la lista y nombró a Cecilio Cedalisse y Ángela Russo, el mecanismo original no es que el presidente diera los nombres, sino que la Comisión los sugiriera. Pero el presidente debe dar los nombres antes de firmar el nombramiento, en esta ocasión que se le rechazaron lo hizo al revés, firmó y luego se puso a consulta. Él debería dar nombres y un tiempo para que salgan opiniones ciudadanas críticas para evitarse esta barbaridad.

¿QUÉ HA OCURRIDO CON LA DENUNCIA QUE INTERPUSO EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONTRA TRES MAGISTRADOS DE LA CSJ POR EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES EN EL TEMA DE NOMBRAMIENTOS DE LA CARRERA JUDICIAL?

La archivaron. Ellos estaban usurpando funciones que no les correspondía, ellos estaban nombrando jueces cuando la Carrera Judicial no lo permite. El presidente de la Comisión era Jorge Alberto Rosas.

¿CÓMO SE EXPLICA USTED QUE EL PRESIDENTE DE LA CORTE HAYA SIDO JOSÉ AYÚ PRADO POR DOS PERIODOS CONSECUTIVOS?

Bueno así se dice que el presidente nombró a los dos magistrados para que votaran por Ayú Prado en la Corte.

¿POR QUÉ AL PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA LE CONVENÍA DEJAR A AYÚ COMO PRESIDENTE DE ESE ÓRGANO?

La información que se ha dicho es que Ayú conoce información sensitiva; lo otro que dicen es que es manejable.

HAY QUIENES OPINAN QUE LAS ACTUACIONES DE LOS MAGISTRADOS CUYO PERIODO VENCIÓ SERÁ NULA, PARA OTROS SON VÁLIDAS Y DEBEN ESPERAR EL REEMPLAZO. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN AL RESPECTO?

Les están aplicando normas administrativas. Lo que opera para el resto de la administración pública, pero como es una situación inédita y el Código Judicial, o la Constitución, no plantean nada al respecto se están aplicando normas de la administración pública a la Corte, eso es algo que me parece delicado porque le resta legitimidad a la justicia. Están decidiendo casos, administrando justicia fuera de su periodo.

EL HECHO DE QUE EL PRESIDENTE NO HAYA NOMBRADO UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA CORTE Y QUE SE HAYA IDO DE VIAJE A MITAD DE MES SIN HABER NOMBRADO A LOS CANDIDATOS, ¿CÓMO LO CALIFICA?

Es un desastre lo que estamos viviendo en cuanto al nombramiento de los magistrados. No creo que haya precedente en Panamá en un caso como este. Los magistrados que debieron salir llevan diez años y dos meses en sus cargos, eso nunca había pasado. El presidente perdió fuerza en la Asamblea, hay una situación de gobernabilidad un poco complicada. Pero esta situación entre el presidente y la Asamblea que él no ha sabido manejar bien, está afectando a otro órgano del Estado. El presidente no toma consciencia del problema. Ni el presidente y al parecer ni su gabinete toman consciencia, o tal vez son conscientes pero no les importa. El daño que se le está causando al sistema de justicia es irreversible, en momentos en que el país necesita recuperar la confianza en este sistema, tomando en cuenta los casos de corrupción que están por esclarecerse y esperan justicia. La gente quiere justicia, y quiere que se devuelvan los dineros robados, pero nada de eso va a pasar en las condiciones actuales en las que está [funcionando] el sistema de justicia.

¿DEJÓ DE SER CLASISTA LA JUSTICIA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO?

Una de las críticas que se le hace al sistema inquisitivo y al sistema penal en general es que es racista, clasista. Uno tiene que ver las cárceles y darse cuenta de que ahí están los hijos de la cocinera, los negros, los pobres. Las cárceles no son visitadas por personas de alto perfil o poder económico. Tristemente hoy en Panamá la situación sigue igual. La Joya y La Joyita están visitadas por gente por los delitos de bagatela, del pueblo, o los hijos de la cocinera. Ahí no están exministros o las personas de apellidos o empresarios que incurren en delitos más graves que aquellos que roban algo. Todos le hacen daño al país, pero son más considerados con la gente de apellido. La justicia penal sigue siendo clasista.

SI LA ESCUCHARA UN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEBATIRÍA QUE ESTÁN DETENIDOS EXMINISTROS Y EMPRESARIOS QUE INCURRIERON EN DELITOS DE CORRUPCIÓN...

‘El Gobierno está quedando mal, como uno que no respeta la democracia, la justicia, que quiere manipular al Órgano Judicial, porque al final, ¿por qué fue la testarudez? La gente percibe que él quiere controlar a la Corte'.

========== NO SE PIERDA, HOY A LAS 9:30 P.M., POLÍGRAFO CON MAGALY CASTILLO POR ECO TV, CANAL 28 DE CABLEONDA

Hemos visto cambios, no hay que dudar que en los últimos dos años y medio hemos visto cosas que en Panamá jamás se habían visto. Empresarios y exfuncionarios que antes no se hubieran procesado, pero los casos que les implican han sido tan notorios que no se puede ocultar la situación. Pero El Renacer es una cárcel VIP. Si uno va a visitar se dará cuenta de que estas personas tienen en sus celdas todo tipo de comodidades que no tienen los otros. Yo supe de uno que tiene aire acondicionado todo el día, yo me pregunto, ¿quién paga ese gasto? ¿El Estado?, ¿los panameños?

 

 

¿SECUNDA USTED LAS CRÍTICAS SOBRE UNA JUSTICIA SELECTIVA EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN?

Siempre se ha dicho que la justicia penal es selectiva, la justicia en todas partes del mundo. En el caso de Panamá, siempre hemos reclamado la selectividad de la justicia. Esto tiene que ver con clases sociales. En los últimos dos años, en los casos de corrupción, se habla de un discurso de selectividad en la justicia en la investigación de funcionarios del gobierno pasado pero no los de esta administración. Eso es una percepción ciudadana que existe, y tiene que ver con la desconfianza que hay en la administración de justicia del Ministerio Publico y el Órgano Judicial.

SIEMPRE ESPERAMOS QUE ALGUIEN DE AFUERA VENGA A SOLUCIONAR NUESTROS PROBLEMAS, ¿POR QUÉ NO SOMOS NOSOTROS MISMOS?

Sí, suena muy bien y yo también lo comparto, y ojalá que Panamá pudiera resolver estos problemas porque existe gente competente. Pero no hay duda de que los niveles de politización y de desconfianza, por la falta de institucionalidad, han llegado a un punto tal que usted diga un nombre y le va a caer una cantidad de críticas. Ahora, con el tema de las magistradas designadas, por ejemplo, lo difícil que está siendo escoger al magistrado, se debe en primer lugar a que el presidente busca alguien allegado a su gobierno, pero hay partido políticos que no lo van a aceptar y hacen de esto una situación muy complicada. Ellos van a hacer trabajos de acompañamiento, de veeduría, de monitoreo, que puedan informar a la opinión pública sobre el seguimiento de los casos.

¿ESTAMOS ANTE UNA JUSTICIA QUE PREMIA A QUIEN DELINQUE PORQUE DEVUELVE EL DINERO?

Eso es una política a nivel global, que para poder enfrenar la corrupción hay que llegar a acuerdos de colaboración y de pena. Eso ha funcionado en todas partes del mundo. Si no hubiésemos tenido estos acuerdos de colaboración y de pena no hubiésemos llegado a la verdad en muchos casos.

¿USTED CREE QUE LAS DELACIONES DEBEN SER BENEFICIADAS?

Creo que es la única forma de llegar a la verdad.

LOS BENEFICIOS QUE SE LE DAN A LOS DELATORES, ¿TRASTOCAN LA IDEA DE JUSTICIA O LAS PENAS QUE DEBÍAN RECIBIR ESTAS PERSONAS?

Sí, puede ser, pero históricamente se decía que la única forma de enfrentar la corrupción era investigar el enriquecimiento injustificado porque era difícil investigar la corrupción. Ningún empresario iba a aceptar que entregó coimas porque también saldría procesado; por lo tanto, era difícil luchar contra la corrupción. Por eso es que la delación premiada modificó la forma de llegar a la verdad y en este tipo de investigaciones, les dan rebaja de pena.

EL PRESIDENTE DE LA CORTE ALEGA QUE NO HAY PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR LA CARRERA JUDICIAL, ¿ES UNA EXCUSA O ES VERDAD?

El señor Ayú Prado y la Junta Directiva de la Corte han dicho que no hay presupuesto para implementar la Carrera Judicial, pero sí hay plata para viajar al extranjero y para nombrar a funcionarios con altos salarios en una forma no adecuada de nombramiento. El Ejecutivo ha dicho que sí ha dado presupuesto para la Carrera Judicial, pero la Corte no distribuye bien sus recursos o presupuesto. Es más, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas dicen que el Judicial no tiene capacidad para implementar su presupuesto, muchos de los fondos de esta institución se quedan sin ejecutar y se trasladan a otras entidades.

¿POR QUÉ NO HAY VOLUNTAD DE HACERLO?

Ayú Prado no quería la Carrera Judicial porque quiere poder nombrar a su antojo a quien se le ocurra. Prueba de ello es el nombramiento que hizo de la secretaria de Recursos Humanos que venía del Ministerio Público, es de su equipo de confianza y es quien está al frente de este departamento que se crea con la ley de carrera. Ellos saben que lo están haciendo mal porque hay 25 cargos que se han nombrado sin concurso de oposición, haciendo la Corte las entrevistas cuando ellos no son competentes para eso y han estado nombrando a gente de su círculo de confianza.

¿SE PODRÍA IMPUGNAR LOS NOMBRAMIENTOS?

Sí, y también se puede denunciar nuevamente a los magistrados de la Corte por eso. Nuestra denuncia había sido por los nombramientos del Sistema Penal Acusatorio, que en su momento fueron 600, y se archivó la denuncia. Pero estos nuevos nombramientos pueden merecer una denuncia ante la Asamblea Nacional. Definitivamente que cabe una denuncia penal por los nombramientos efectuados al margen de la ley. Nosotros ya enviamos una nota al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial para ponerlo al tanto de todo lo que está pasando y solicitando una visita. Además, el Pacto de Estado por la Justicia aprobó enviar una nota a la Canciller para que invite al Relator, porque sin invitación del país, él no puede venir.

LA FUNDADORA DE ACPJ

Abogada activa en el proceso de mejorar el sistema judicial panameño

Nombre: Magaly Castillo

Nacimiento: 10 de diciembre de 1963, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogada

Resumen de su carrera: Miembro fundadora y directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro-Justicia, que promueve la independencia y reforma judicial, la coalición más grande de la sociedad civil en el país. La coalición de la Alianza Ciudadana se ha vuelto una voz crítica a la conducta irregular gubernamental y también ayuda a fortalecer la capacidad institucional de sus miembros. Ha trabajado incansablemente para acabar con la impunidad, lograr el nombramiento transparente de magistrados y la igualdad de justicia para todos. Inició su labor en el sector no gubernamental proporcionando asistencia legal a las cooperativas de agricultores y sindicatos durante la última etapa del mandato del general Manuel Noriega.

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