Política 21/08/2017 - 12:03 a.m. lunes 21 de agosto de 2017

Prácticos de la ACP piden anular pacto con remolcadores privados

Mediante un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia, los prácticos del Canal solicitan que se declare nulo un acuerdo de $2.8 millones para la contratación de remolcadores de una empresa privada

Los remolcadores son los botes de la ACP que apoyan a los buques que transitan por la vía acuática. / Archivo | La Estrella de Panamá
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Los remolcadores son los botes de la ACP que apoyan a los buques que transitan por la vía acuática.

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Carlos Anel Cordero
ccordero@laestrella.com.pa

Ante lo que consideran una violación al Reglamento Interno para la Navegación en las Aguas del Canal de Panamá, la cual genera un ‘grave riesgo para la seguridad marítima y operativa de la vía acuática' y ‘pone en riesgo la navegación', la Unión de Prácticos del Canal de Panamá presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para que se anule un contrato con remolcadores privados pactado por la actual administración.

‘Es preocupante el riesgo que se genera con personal externo a la ACP que opera las locomotoras',

LONDOR RANKIN

UNIÓN DE PRÁCTICOS

Se trata de un acuerdo por $2.8 millones firmado por el administrador de la vía, Jorge Luis Quijano, y la empresa extranjera Meyers Tugs, S.A. para la prestación del servicio de remolcadores por un periodo de dos años.

Londor Q. Rankin, secretario general de la Unión de Prácticos del Canal, informó a La Estrella de Panamá que el recurso legal fue presentado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de agosto.

FUNDAMENTO LEGAL

El equipo legal de los prácticos considera que el contrato N° CDO-376615 firmado entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la empresa Meyers Tugs, S.A. tiene visos de ilegalidad porque viola el Reglamento para la Navegación en las Aguas del Canal de Panamá aprobado en 1999 y modificado en 2001. (XXX)

Según el reclamo legal, el contrato contraviene los artículos 90, 97 y 99 y las modificaciones incluidas en el año 2001, que regulan las Exenciones de Practicaje Obligatorio en los Puertos.

De igual forma, dicen, el pacto viola el Código Civil de la República de Panamá y es contrario a lo dispuesto en la Ley 19 de 11 de junio de 1997, por la cual se organiza la ACP, entre otras normas.

Los prácticos del Canal esperan que se declare nula la firma de este acuerdo.

Según se establece en la denuncia llevada a la Corte, sobre la base del artículo 5, numeral 3 del 31 de julio, corresponderá a Rigoberto González Montenegro, como procurador de la Administración y abogado del Estado panameño, asumir la defensa de la ACP ante este recurso.

Se insiste en la denuncia que los citados artículos disponen que el practicaje en aguas del Canal solo puede ser ejercido por personal de la ACP.

En el documento presentado ante la Corte Suprema se establece la externalización del servicio de remolcadores desde el fondeadero del Pacífico hasta las esclusas de Miraflores, incluyendo la esclusa de Cocolí, el lago y las esclusas de Gatún, así como la esclusa de Agua Clara.

Lo que consideran aún más grave es que para permitir este arreglo el reglamento fue modificado después de que se firmó el mencionado contrato. (XXX)

Los denunciantes alegan que el contrato fue modificado mediante Acuerdo 310 de 29 de junio del año 2017, mientras que el contrato con la empresa Meyers Tugs, S.A es del 9 de marzo del año en curso.

En el recurso se destaca que el citado reglamento fue cambiado después de que se firmó el contrato con la empresa, lo que, según el capitán Rankin, deja en evidencia que la intención era adaptar la norma al contrato que ya había sido pactado y estaba en vigencia.

RIESGO PARA LA VÍA

Según Londor Rankin, dirigente de la organización que agrupa a los prácticos, la contratación de esta empresa se constituye en un elemento de riesgo para la navegabilidad porque se ha contratado a prácticos comerciales que no tienen la pericia y el adiestramiento necesario para brindar el servicio que se requiere para el funcionamiento de la vía acuática.

En la denuncia se alega que en la ACP hay 272 prácticos y que sería preferible entrenar personal para que puedan prestar ese servicio, antes de contratar a personas ajenas a la institución que aunque pueden tener la capacidad para manejar los remolcadores, no la tienen para las maniobras en las aguas del Canal de Panamá.

Además, señaló que la preocupación entre los prácticos es que se produzca un accidente y luego la responsabilidad recaiga sobre los prácticos, cuando no se ha tomado en consideración el importante punto que ellos alegan.

CONTRATO DE SERVICIOS

La ACP firmó un contrato para el servicio de remolcadores

El contrato por un monto de $2.8 millones fue firmado con la empresa Meyers Tugs S.A.

El acuerdo con la empresa de capital extranjero que se dedica al practicaje comercial se firmó el 9 de marzo del año fiscal en curso.

El reglamento mediante el cual se establece el peritaje obligatorio fue modificado el 29 de junio de este año.

El practicaje obligatorio que reclama la organización está en el Reglamento para la Navegación en la Aguas del Canal, aprobado en 1999 y modificado en 2001.

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