Política 01/03/2018 - 12:00 a.m. jueves 1 de marzo de 2018

Exigen que uso irregular de partidas no quede impune

Para el diputado Pedro Miguel González, la entrega de las auditorías de la Contraloría en estos momentos de tensión en la Asamblea ‘pareciera un mecanismo de presión o de extorsión a los diputados de CD'

Los diputados destinaron $247.5 millones a juntas comunales y municipios. / Archivo | La Estrella de Panamá
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Los diputados destinaron $247.5 millones a juntas comunales y municipios.

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Redacción La Estrella de Panamá
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Que no haya impunidad. Ese fue el clamor generalizado de representantes de diversos gremios empresariales, obreros y de profesionales del país, luego de que el contralor de la República, Federico Humbert, entregara al Ministerio Público las auditorías e informara sobre irregularidades en el manejo de fondos millonarios asignados a los diputados del periodo pasado (algunos reelectos), manejados a través de juntas comunales y municipios del país.

Incluso, hubo quienes hicieron el paralelismo con la estructura que utilizó la brasileña Odebrecht para el pago de sobornos.

En total fueron $247.5 millones, manejados a través de este mecanismo, de los cuales, según el contralor Humbert, al menos $70 millones fueron usados de manera irregular.

INVESTIGACIÓN EN DUDA

Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), consideró que es positivo que la Contraloría haya concluido las auditorías. Sin embargo, se mostró escéptico de que el Ministerio Público tenga la capacidad humana y tecnológica para la investigación correspondiente.

Esta realidad, dijo Cotes, pone en riesgo las otras investigaciones emblemáticas que adelanta el Ministerio Público -los casos Odebrecht y Blue Apple- relacionadas con actos de corrupción por el uso inadecuado de fondos públicos.

‘Nos preocupa que se había institucionalizado un ‘modus operandi'. Los responsables deben pagar',

HÉCTOR COTES

PRESIDENTE APEDE

A esto se suma que es un año preelectoral y que si el proceso continúa el próximo año, va coincidir con las elecciones generales. ‘La sociedad civil y el público en general lo que espera es que se concluya con estas investigaciones para saber quiénes fueron los responsables y que no haya impunidad', indicó Cotes.

La Contraloría reveló este martes que los fondos eran asignados a los diputados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego consignados en la junta comunal o municipio de elección del ‘padre de la patria', a los cuales el MEF identificaba con un código alfanumérico para preservar su identidad.

El esquema fue utilizado por 70 diputados de todos los partidos políticos durante el pasado quinquenio. El hallazgo de la Contraloría también vincula a empresas privadas.

‘TODOS A LA CÁRCEL'

Desde el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la consigna es que todos los involucrados deben ir a la cárcel.

‘La crisis política que se vive en la Asamblea Nacional hará que esas auditorías duerman el sueño eterno',

DIONICIO RODRÍGUEZ

PRESIDENTE CNA

Pedro Hurtado, quien hasta ayer coordinaba el Conato, indicó que las auditorías de la Contraloría lo que revelaron fue un ‘robo al Estado'.

‘Estamos hablando de más de $200 millones que el Ministerio Público debe investigar para que este atraco no quede impune', recalcó.

A juicio de Hurtado, los diputados no quieren discutir el proyecto de ley sobre la ‘muerte civil' porque saben que están involucrados en el uso irregular de esos fondos.

SE AGUDIZARÁ CRISIS

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, aunque ve positivo que se haya entregado las auditorías, vaticina que se agudizará la crisis política en la Asamblea Nacional.

A juicio de Rodríguez, es ‘sospechoso' que las auditorías se hayan entregado en medio de esta crisis política por la confrontación que hay en la Asamblea Nacional.

La inestabilidad política en el Legislativo y en la Corte Suprema de Justicia por la falta de la designación de dos magistrados harán que esas cajas, que contienen las auditorías, ‘duerman el sueño eterno'.

FALTA DE FISCALIZACIÓN

Para el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Raúl Rodríguez, el uso de esos fondos no necesariamente implica un delito. El problema sería, dijo, el mal uso que se le pudo haber dado a esos recursos.

‘Es importante determinar en qué consiste la ilegalidad porque manejar partidas no es un delito, es una política gubernamental', dijo Rodríguez, quien fue presidente de la Asamblea Nacional.

Además, indicó, que la Contraloría debió fiscalizar el uso de los fondos y si no lo hizo, fue una falla de la entidad.

‘MEDIDA DE EXTORSIÓN'

Para el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, si alguien cometió una falta administrativa o penal tendrá la responsabilidad de responder.

‘Era menos cuestionable cuando ya hubiésemos dirimido el diferendo sobre la Comisión de Credenciales',

PEDRO M. GONZÁLEZ

DIPUTADO PRD

No obstante, calificó como una coincidencia que los informes fueran entregados esta semana, justo cuando en la Asamblea se está discutiendo si se reconfigura o no la Comisión de Credenciales.

‘Creo que le agrega un elemento más a la ecuación de que pudiera ser interpretado como un mecanismo de presión o de chantaje', señaló González.

Para el perredista, ‘ahora pareciera que es un mecanismo de presión o de extorsión a los diputados de Cambio Democrático que formaban parte de la mayoría legislativa y que decidieron, junto al PRD, jugar el rol para el que fueron electos como diputados de la oposición', dijo el líder perredista.

CIFRAS

Al menos 220 cajas de documentos forman parte de las auditorías entregadas al Ministerio Público.

34 diputados reelectos tramitaron fondos a través de juntas comunales y municipios del país.

De los $247.5 millones, manejados con este sistema, $70 millones fueron usados irregularmente.

Por su parte, el diputado de CD Rony Araúz tildó de oportuno que se hayan entregado las auditorías.

‘Esta es la mejor manera de acabar el morbo que hay a nivel nacional. Cada quien tendrá que rendir cuentas por lo que en su momento pudo manejar. Yo estoy bastante tranquilo', enfatizó.

En tanto, el jefe de la bancada del partido Panameñista, el diputado Miguel Salas, estimó positiva la entrega de estos documentos al Ministerio Público.

Fue enfático en señalar que ahora le tocará al Ministerio Público investigar cada uno de estos procesos. ‘Al que haya incurrido en alguna falla le tocará confrontar la ley con responsabilidad', advirtió.

El panameñista Juan Miguel Ríos, también diputado reelecto, sostuvo que está dispuesto a cualquier investigación en su contra.

‘Ya yo fui auditado en Herrera, a mí me hicieron áuditos en las dos juntas comunales con las que trabajamos, y salimos bien. Cada uno sabrá responder y justificar cómo manejaron esos recursos, yo estoy claro con mi conciencia', aseguró.

El veterano diputado Elías Castillo manifestó que quien sea encontrado implicado en alguna irregularidad deberá sustentarla, hacer las aclaraciones pertinentes y demostrar su inocencia.

Detalló que en su caso le asignaron $1.8 millones, de los cuales se ejecutó $1 millón 11 mil, que fueron auditados por la Contraloría del gobierno anterior y la actual. ‘Fueron partidas asignadas a mí, no ejecutadas por mí, y fueron certificadas por un contador público autorizado', añadió Castillo.

La también perredista Iracema de Dale mostró interés en que todo se investigue. ‘Ese es dinero del pueblo panameño y cuando se tiene un dinero que es ajeno, es un deber dar una explicación de cómo se gasta', aseguró.

 

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