Política 13/12/2018 - 12:00 a.m. jueves 13 de diciembre de 2018

CNA y Cancillería cruzan opiniones por Pacto Global

Mientras la canciller, Isabel de Saint Malo, reitera que el Pacto Global sobre migración no es de obligatorio cumplimiento, los abogados señalan lo contrario

Jonathan Del Rosario, Isabel de Saint Malo y María Luisa Navarro, durante la conferencia de prensa. / Larish Julio | La Estrella de Panamá
Larish Julio | La Estrella de Panamá

Jonathan Del Rosario, Isabel de Saint Malo y María Luisa Navarro, durante la conferencia de prensa.

Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo, reiteró ayer, durante una conferencia de prensa, que el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular no es vinculante o de obligatorio cumplimiento para el país.

Ese fue el mensaje que repitió en 10 oportunidades, durante la conferencia de prensa que convocó el Ministerio de Relaciones Exteriores para ofrecer detalles sobre el documento firmado este lunes por Panamá junto a otros 164 países.

La adopción se efectuó durante la Conferencia Intergubernamental de Marrakech, Marruecos, encabezada por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Gutterres.

‘El pacto no establece obligaciones adicionales a la soberanía de Panamá y deja en libertad a cada país para definir las políticas públicas', enfatizó la vicepresidenta.

La adopción del Pacto Global ha generado fuertes reacciones, especialmente del gremio abogadil. En un comunicado, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) exigió un alto a las regularizaciones masivas de extranjeros y el aumento de los visados humanitarios.

La nota del CNA describe que Panamá no está en capacidad de garantizar servicios básicos, como lo indica el Pacto, por lo que el país puede ser llevado al ámbito penal ante una expresión que pueda considerarse como discriminatoria o xenófoba.

Los abogados recordaron que, en 2016, Panamá se comprometió ante la ONU a cumplir una hoja de ruta para elaborar acuerdos. Entre estos, figura el Pacto Mundial sobre Refugiados que se apresta a firmar en 2019, en el cual se amplia la definición del término ‘refugiado' e incluye aspectos como legitimar las ‘caravanas humanitarias' para movilizar de un país a otro a personas que la ONU considere en riesgo.

En este renglón, los abogados dicen estar vigilantes y tomar acciones referentes a la no adhesión de Panamá a la aprobación del mencionado Pacto.

Acompañada del ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, y de la vicecanciller, María Luisa Navarro, la canciller justificó dos objetivos que motivaron la participación de Panamá: ‘el trato digno a los migrantes porque son seres humanos sin importar la condición en que estén. Lo segundo, establece la colaboración en la seguridad interna de los países'.

La vicecanciller no logró explicar la razón por la cual no se consultó con la ciudadanía la firma del documento, admitiendo que se debió efectuar una mejor difusión.

Eso fue precisamente lo que el CNA criticó, la forma inconsulta en la que actuó el Gobierno. El gremio señaló, contrario a De Saint Malo, que el documento sí es de obligatorio cumplimiento por la posibilidad de ‘ser sancionados internacionalmente (...) en caso se estime el no cumplimiento'.

De Saint Malo añadió que la idea del Pacto es que los Estados puedan compartir información sobre los migrantes —país de origen, tránsito o de destino—. Destacó que Panamá tradicionalmente ha sido un país de tránsito. No obstante, hoy es un refugio para más de 100 mil venezolanos que escaparon de la situación política y social de su país. En este sentido, la canciller ejemplificó que el país es soberano de imponer visas cuando lo requiera, como ocurrió cuando quiso contener su entrada al país.

Aseguró que el documento no viola la soberanía, pues el Estado es libre de gestionar sus fronteras y políticas en el tema.

Explicó que en 2017 transitaron por Panamá más de 20 mil extracontinentales de África que llegaron a través de Brasil en ruta hacia Norteamérica.

Por su parte, Del Rosario manifestó que desde 2014 se han expulsado, deportado o retornado a su país de origen 31,756 personas, sin perturbar las operaciones del aeropuerto.

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