Nacional 03/01/2018 - 12:06 a.m. miércoles 3 de enero de 2018

Varela incurrió en faltas éticas por pedir fondos a constructoras

Fuentes consultadas señalan que el presidente Juan Carlos Varela incurrió en faltas éticas, morales y hasta abuso de autoridad por recibir dinero para un proyecto escolar de constructoras

El presidente Juan Carlos Varela admitió que el Programa Mi Escuela Primero recibió $40 millones de contratistas estatales. / Presidencia.gob.pa
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El presidente Juan Carlos Varela admitió que el Programa Mi Escuela Primero recibió $40 millones de contratistas estatales.

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Marlene Testa
mtesta@laestrella.com.pa

El presidente Juan Carlos Varela incurrió en abuso de autoridad al recibir $40 millones de empresas constructoras que otorgaron sobornos a la pasada administración de gobierno, con el propósito de resarcir ‘moralmente' un daño al Estado. El mandatario, según fuentes consultadas por La Estrella de Panamá, debió denunciar ante el Ministerio Público a las constructoras y no haber recibido dineros para el Programa Mi Escuela Primero. Las fuentes coinciden en que su actitud ‘no fue correcta moralmente y que faltó a la ética'.

El presidente admitió que este proyecto, que dirige su cuñada Yolanda Eleta de Varela, esposa de Luis José Varela, recibiera $40 millones de estas constructoras.

‘El supo que hubo coimas y debió haber presentado las denuncias ante para dar paso a una investigación. Eso hubiera sido lo legal y éticamente correcto'

MAGALY CASTILLO,

PRESIDENTE DE ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA

La información se desprende de una entrevista previa que otorgó el presidente al periodista Atenógenes Rodríguez, del programa Debate Abierto. En aquella ocasión, el mandatario dijo que los dineros se habían invertido en obras que no le costaron al Estado porque los contratistas habían donado esos dineros. (Tú), ¿sabes cuántas escuelas les tocó donar a Odebrecht, les tocó donar a FCC?, preguntó el presidente al periodista.

‘Tenía una alternativa, o arrancar e irme contra veinte contratistas que tuvieron que pagar sobornos al gobierno, o no hacer ninguna obra (...)'. Pero, para resolver moralmente al país por lo que había ocurrido, solicitó que se hiciera algo con el programa escolar: ‘Lo dije y recibí más de $40 millones en inversión para obras que beneficiaron al pueblo', argumentó el presidente sobre una acción que ha sido denominada popularmente como la ‘corrección fraterna'.

Los dineros fueron dados en el marco de los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), según informó la presidencia en un comunicado de prensa. Eleta de Varela, asumió Ad Honorem el liderazgo de promover ‘Mi Escuela Primero' para sumar a empresas del sector privado a este proyecto del gobierno, explicó la presidencia .

Esto, ‘políticamente podría ser correcto, pero moralmente no lo es', dijo Roberto Troncoso, empresario. ‘Siento que hay algo que se perdió en el tema de ética y moral política. Tratamos de resolver de manera práctica algo que moralmente no está correcto. Es darle una solución para matizar, en las bases sociales el tema de que, en lugar de darnos para los gastos políticos prefiero que lo donen al plan de gobierno Mi Escuela Primero', exclamó el empresario.

Por su parte, Magaly Castillo, presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia,

Dijo que sentía que ética y legalmente no fue una decisión correcta que el presidente pidiera fondos a empresas que habían otorgado sobornos a la pasada administración para programas de gobierno. ‘El supo que hubo coimas y debió haber presentado las denuncias ante el Ministerio Público para dar paso a una investigación. Eso hubiera sido lo legal y éticamente correcto', concluyó la presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), calificó esta acción, no solo como moralmente reprochable, sino, como un abuso de las facultades legales. ‘No tiene el poder como presidente para decir cómo se salvan empresas. Es competencia del Ministerio Público investigar y del Órgano Judicial determinar cuál será la pena', añadió la presidente de Movin.

Es inmoral, dice Planells, porque el presidente va a determinar en qué se invierte el dinero que se le robó a los panameños. Peor aún, añadió Planells, las empresas siguen licitando en el Estado.

El constitucionalista y catedrático de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, coincide con Planells en que se trata de un abuso de autoridad por parte del presidente panameño. Un acto que viola la independencia de los órganos del Estado.

‘Siento que hay algo que se perdió en el tema de ética y moral política. Tratamos de resolver de manera práctica algo que moralmente no está correcto'

ROBERTO TRONCOSO,

EMPRESARIO Y EXPRESIDENTE DE APEDE

A juicio del catedrático, si existiese independencia de poderes, al presidente se le hubiese investigado por estas actuaciones.

EL CASO BLUE APPLE

Precisamente una investigación que adelanta el Ministerio Público, denominada Blue Apple, pone en la mira a empresas constructoras.

La pesquisa tiene como centro de operaciones la sociedad Blue Apple Services Inc., la cual habría abierto más de cinco cuentas en bancos panameños en las que el grupo de constructoras habrían depositado casi $40 millones.

La sociedad fue creada para ‘disfrazar o blanquear dineros' supuestamente obtenidos de coimas o sobornos recibidas por la concesión de proyectos de construcción a nivel nacional durante el pasado periodo gubernamental, establece un informe de la Unidad de Análisis Delictivo de Blanqueo de Capitales.

Las constructoras entregaban las facturas al Estado para factoring y se desviaban un 10%.

El esquema de triangulación a través de la sociedad Blue Apple Services Inc. logró canalizar $39.6 millones en supuestos sobornos por contratos directos y por licitaciones durante el periodo pasado. El dinero, una vez más, habría pasado sin alertas por todo el sistema bancario panameño, explicó una fuente judicial.

Las investigaciones en curso establecen que parte de estos fondos se utilizaron para adquirir propiedades como autos, casas de playa y proyectos residenciales de lujo en la ciudad capital.

El caso, conocido como el Lava Jato panameño, fue declarado ‘bajo reserva' por el Ministerio Público. El escándalo de corrupción amenza con tener impactos más fuertes que el propio Odebrecht.

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