Nacional 18/09/2017 - 12:01 a.m. lunes 18 de septiembre de 2017

La trayectoria de la petición de audiencia

El pleno de la Corte resolvió admitir el proceso en el que está vinculado Martinelli por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y extorsión

El proyecto de Cecilio Cedalise debe ser leído por los magistrados. / Archivo | La Estrella de Panamá
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El proyecto de Cecilio Cedalise debe ser leído por los magistrados.

Redacción La Estrella de Panamá
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Según consta en la carpeta del juez de garantías Harry Díaz, el 9 de agosto la licenciada Yanixsa Yuen, secretaria de la Corte, remitió nota al fiscal Luis Ramón Fábrega, solicitando que proporcionara los datos y direcciones de los abogados para completar la solicitud de audiencia. Para este acto, es requisito notificar personalmente de forma oportuna a las partes, por lo tanto, es un deber del fiscal aportar los datos para la ubicación de las personas.

El 9 de agosto, Fábrega remitió un escrito en el que indicaba que con la finalidad de aclarar que fue remitida una nota con fecha del 8 de agosto en la que en la página dos se hizo alusión al informe secretarial donde remite el expediente del 2 de junio para dar trámite, por lo que ‘nos urge se fije fecha de al audiencia antes solicitada'. Pero Díaz alega que el fiscal no explica la urgencia solicitada.

El 22 de agosto, la licenciada Yanixsa Yuen, a través de informe puso en conocimiento que Fábrega, como magistrado fiscal, presentó una nota en la que solicita se fije audiencia para imputación sugiriendo los días 24 o 25 de agosto por considerarlo urgencia.

Luego, el 24 agosto, se recibió otro oficio reiterando la fijación de la fecha. En la nota, Fábrega hizo la salvedad de la urgencia, puesto que el delito a imputar estaba próximo a prescribir.

El pleno de la Corte resolvió admitir el proceso en el que está vinculado Martinelli por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y extorsión (cuya pena es entre 2 y 4 años de prisión, y de 5 a 10 años, respectivamente) por lo que la acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de pena de prisión que corresponde al delito imputado.

Finalmente, los días 25 y 29 de agosto Díaz recibió los escritos reiterando la solicitud de fijación de fecha de audiencia de imputación, en los cuales se indicaba la ‘urgencia'. A su criterio, ‘‘no fundamentada, ni motivada por parte del fiscal”.

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