Nacional 01/10/2018 - 2:01 a.m. lunes 1 de octubre de 2018

Saltarín, el hombre que armó los expedientes de la Procuraduría

En la Presidencia se concentraron las investigaciones penales que más tarde se presentarían en el Ministerio Público. El coordinador era un consultor externo, Rogelio Saltarín, que hoy es uno de los candidatos seleccionados a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia

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Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

Lo que primero tuvo rango de sospecha, ahora se confirma. En una desviación sin precedentes, una institución que fue creada para salvaguardar la democracia y garantizar la seguridad nacional se ha convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales. Arrogándose, además, facultades que solo atañen a la Procuraduría General de la Nación (PGN), como son la presentación de testigos protegidos y negociar penas a cambio de cooperación con la justicia.

En el Palacio de las Garzas se concibió centralizar todos los casos penales a través de una asesoría externa, dotándola de superpoderes. Actuaba casi como un ‘procurador paralelo', con oficinas satélites, teniendo como cabeza un megaconsultor con acceso expedito a todas las instituciones del Estado.

FRONTERAS DESVANECIDAS

El plan fue estructurado como si fuera un rompecabezas. Los actores centrales habían interactuado entre sí desconociendo las fronteras entre el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y la PGN. El CSN terminó manejando los expedientes de supuestos casos de corrupción. La PGN parecía ver el mundo a través del prisma del CSN.

Las piezas principales son Rolando López, actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y Rogelio Saltarín, abogado penalista y asesor externo de la Presidencia de la República durante los primeros 18 meses del gobierno de Juan Carlos Varela, que utilizaron el brazo de Kenia Porcell en la jefatura de la Procuraduría General de la Nación.

Según fuentes judiciales, Saltarín actuaba en coordinación con otros abogados y diputados panameñistas. ‘Había actores secundarios y un club de abogados llamado La Taquilla', mencionaron a La Estrella de Panamá.

López había sido subdirector del Servicio Nacional de Migración durante la administración de Ricardo Martinelli, cuando aún sobrevivía la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Desde esa posición asistió al entonces vicepresidente y canciller Varela, lo que le permitió cultivar una relación de trabajo y convertirse en una figura de suma confianza para el futuro mandatario.

Originario de Veraguas, López se formó en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro del barrio de Parcayacu en Quito y sirvió como subjefe de la Dirección de Información Policial. ‘Picuiro', como lo llaman sus compañeros de armas, no posee un entrenamiento en tareas de inteligencia. ‘Sus conocimientos en materia de inteligencia son empíricos, pero a base de audacia logró colarse en el círculo de Varela hasta convertirse en imprescindible', comentó un oficial de inteligencia formado en Israel, Estados Unidos y Taiwán.

Desde el primer día de su gobierno, Varela lo puso al frente del CSN.

Porcell hizo la mancuerna con López. Especializada en Derecho Procesal Penal, sirvió en la PGN entre el 2005 y el 2010, en fiscalías superiores y auxiliares. Luego estuvo cuatro años como abogada independiente. Como catedrática especializada en temas penales, conoció a López en las aulas universitarias. De allí dio el salto al CSN, de la mano de López, ocupando la subdirección y la asesoría legal de esa entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Era una contratación inusual en el CSN, una experta en Derecho Procesal Penal. Su especialidad como penalista da una pista del papel que desempeñaría, en armar querellas judiciales. Primero conoció las denuncias en el CSN y, luego, como procuradora General de la Nación, hizo la investigación, una acción que llevó subjetividad al Ministerio Público y sembró dudas por la falta de independencia.

‘En el mismo Ministerio Público estaba la gente del Consejo de Seguridad caminando por los pasillos', aseguró Ana Belfon, exprocuradora general de la Nación, quien denunció la existencia de un Estado policiaco.

Por su parte, Saltarín fue dotado de plenos poderes y se manejó con total libertad.

En el mismo Ministerio Público estaba la gente del Consejo de Seguridad caminando por los pasillos',

ANA BELFON

EXPROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

Antes de graduarse como abogado y obtener una maestría en Derecho Procesal Penal, había ocupado durante diez años diferentes cargos hasta llegar a ser fiscal de circuito en la PGN.

Se le conoce una cercanía con Varela, a quien representó en 2012 ante una demanda judicial por $30 millones interpuesta por Ricardo Martinelli por supuesto delito contra el honor. Igual que a Varela, a Saltarín se le asocia con el Opus Dei.

También se involucró en el caso del excónsul Jaime Lasso y la donación de $10 millones para su campaña política provenientes de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Fue su abogado en la denuncia por la compra del ‘Centuria', un yate marca Bertram adquirido por $3 millones para que no lo afectara políticamente.

En el inicio del gobierno de Varela, fue señalado como un fuerte aspirante a la jefatura de la PGN, y está entre los 20 preseleccionados para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

‘Con el presidente de la República existe una relación profesional, no nos une absolutamente ninguna otra relación. Entonces, no creo que esa relación profesional sea un obstáculo para que yo no pueda aspirar al cargo de magistrado de la Corte', dijo Saltarín semanas atrás.

A lo largo de esta investigación, La Estrella de Panamá intentó, en varias ocasiones, obtener la versión de Saltarín y Porcell, pero no hubo respuesta.

EL COORDINADOR DE QUERELLAS

Sin embargo, hay interrogantes sobre su independencia, luego de conocerse que la firma de abogados Saltarín, Arias & Asociados Auditores Jurídicos hizo un contrato de consultoría por 18 meses con el Ministerio de la Presidencia por un monto de $385,200. Sus funciones estaban dirigidas a convertirse en el responsable de darle forma a las demandas de alto perfil por corrupción de funcionarios de la administración Martinelli.

El contrato, que se adjudicó sin concurso ni competencia, estipulaba la actuación de Saltarín como coordinador de la revisión, análisis, preparación y recopilación de material probatorio para la presentación de acciones penales sobre supuestos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración.

Fuentes judiciales advierten que Saltarín usurpó funciones públicas porque no tenía la investidura para investigar, aunque posteriormente la PGN le diera legitimidad a lo actuado.

‘Si no fue investigado por el Ministerio Público, la validez de los casos se puede cuestionar', manifestó un abogado penalista.

Si el Ejecutivo poseía información, no le correspondía a un consultor externo que no era funcionario del Estado utilizar herramientas del CSN para obtener pruebas, estructurarlas e interpretarlas. ‘Los únicos que pueden pedir pruebas son los fiscales y jueces', subrayó.

‘Ese contrato no tuvo nada de pecaminoso', se defendió el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

Para otras fuentes, contratar a Saltarín, quien coincidió con los cuatro primeros meses en que Porcell asesoraba en materia penal al CSN, si entró en terreno de lo pecaminoso, evidenció preconceptos y vició todos los procesos por prejuzgamiento.

‘Hay pecados originales desde el inicio de la investigación. Es una cuestión antiética y ausente de transparencia', reconoció Belfon.

En el CSN Porcel estaba viendo temas que iban a ser judicializados. ‘Se creó un sistema ilegal, porque los policías dicen lo que se le agrega a un expediente que luego envían a un fiscal', dijo el abogado penalista.

SALTARÍN Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL

‘Se equivocan quienes piensan que el Presidente está todo el día enfocado en estos procesos judiciales. Yo no tengo en mis manos la espada de la justicia', dijo Varela el 1 de julio de 2015 ante la Asamblea Nacional, al anunciar que había dado un plazo de seis meses a su equipo de gobierno para que concluyera la revisión de ‘todas las faltas' de la administración Martinelli y las presentaran ‘exclusivamente' ante la Contraloría General, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia.

Esos seis meses coincidían con el tiempo que restaba al contrato de Saltarín, quien trabajaba con López y Porcell para armar los casos.

Además, como en el CSN estaban, por un lado una ‘abogada que actuaba como ‘cuasi Procuradora' y un recopilador de material de inteligencia con fines políticos, se produce una simbiosis entre abogados de la Presidencia y las personas de la Procuraduría que prácticamente van borrando las fronteras y el Consejo de Seguridad termina manejando los expedientes de peculado contra funcionarios del gobierno de Martinelli', añadió el jurista entrevistado.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá , Saltarín se reunió entre julio y noviembre de 2014 una docena de veces con funcionarios del CSN. ‘Las investigaciones las hacía el grupo de abogados de la Presidencia desde el Consejo de Seguridad', aseguró una fuente judicial.

Añadió que ‘había un grupo de juristas aliados, que conformaban un club de amigos a quienes se les denominó La Taquilla. Ese clan, que nunca tuvo rostro ni identidad definida, se especializó en obtener la libertad de encausados'.

‘Esa gente era capaz de ablandar medidas cautelares de involucrados en investigaciones. Se miraba el interés del que pagaba y del que recibía esos favores, menoscabando el interés de la justicia', reveló un abogado conocedor del modo de operar.

Precisó que ese ‘escándalo a voces' llegó al Colegio Nacional de Abogados. ‘Esos abogados que forman La Taquilla vienen del Consejo de Seguridad y hacen negocio. Los expedientes se manipulan al inicio, no solo en la política. Dentro de la misma persecución política hay un negocio', señaló.

No obstante, a la fecha, no se han presentado denuncias ante al Ministerio Público por las situaciones irregulares mencionadas.

Añadió que la gravedad de ese proceder es que particulares irrumpan en actividades institucionales, usurpando funciones, en combinación con el Ejecutivo, para alterar, favorecer o presentar una visión parcial sobre casos en que debe pronunciarse la justicia.

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