Nacional 27/06/2019 - 12:00 a.m. jueves 27 de junio de 2019

Reintegro de Luis Zegarro al SPI genera críticas e interrogantes entre los tenedores de armas

Sobre el exdirector de la Diasp pesan quejas, una recusación y una querella que interpusieron miembros de la comunidad tenedora de armas de fuego. El Minseg calificó la restitución de Zegarro, que no conlleva el pago de salarios caídos, como legal

El Decreto Ejecutivo homologó el cargo de Luis Zegarro en el SPI luego de 26 años de haber sido destituido / Archivo | La Estrella de Panamá
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El Decreto Ejecutivo homologó el cargo de Luis Zegarro en el SPI luego de 26 años de haber sido destituido

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Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

¿Qué necesidad tiene el Servicio de Protección Institucional (SPI) de reintegrar a una persona después de 26 años de haber sido destituida y removida del cargo, cuando el beneficiado ha sido querellado, denunciado, recusado e investigado? Es lo que se pregunta la comunidad de tenedores de armas de fuego, quienes han manifestado su indignación ante el reintegro de Luis Zegarro al SPI.

Las quejas por esta consideración del presidente radican en que cuando Zegarro ocupó la jefatura de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) a partir de 2014, hubo múltiples reclamos, principalmente por retrasos en la expedición de permisos y renovaciones para portar armas de fuego, abuso de autoridad y renuencia a resolver trámites pendientes.

A pocos días de culminar su periodo gubernamental, el presidente Juan Carlos Varela firmó varios decretos ejecutivos. En uno de estos ordenó dejar sin efecto el decreto por el cual se destituyó al subteniente Luis Zegarro Rentería del SPI, en noviembre de 1992. En cambio, ordenó su retorno al servicio activo como personal juramentado del SPI en el cargo homologado con su posición y escala salarial actual como funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) de acuerdo a la ley. Un paso que, según el ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, aún no se concreta.

El decreto, no obstante, apunta que el tiempo que se mantuvo fuera de la institución será considerado únicamente para efectos de jubilación, sin derecho a salarios dejados de percibir, sobresueldos por antigüedad, vacaciones, décimo tercer mes o cualquier otro emolumento.

‘Sin duda un buen ángel acompaña a Zegarro, pues sus antecedentes parecen no acreditarlo para merecer tan distinguida posición', manifestó Álvaro Gormáz, de la Asociación Panameña de Portadores de Armas (APPA).

Gormáz asegura que mientras Zegarro fungió como director de la DIASP, él lo querelló y lo recusó ante el Ministerio de Seguridad, hecho que provocó su traslado en noviembre de 2016 a la jefatura de la Dirección de la Oficina de Participación Ciudadana del Minseg.

Además de la de Gormáz, existen contra Zegarro otras quejas que competen a su trabajo como director de la DIASP.

‘Que una persona que perteneció al SPI y fue dado de baja en forma deshonrosa hace 26 años sea reintegrada, debe ser investigado. No es justo que nuestros impuestos se destinen a eso', indicó Gormáz a La Estrella de Panamá .

Enseguida asegura que en la dirección de la DIASP ‘ese señor hacía lo que le daba la gana, cuando le diese la gana y en la eventualidad que le diese la gana. Hay usuarios que decían que los permisos no salían, pero en realidad ya habían sido emitidos. Daba la impresión de que los retenían en la DIASP bajo instrucciones de Zegarro. En consecuencia, esos usuarios presuntamente habrían sido presionados para pagar sobornos para que sus permisos fuesen entregados como correspondía', añadió Gormáz.

Como consecuencia del reintegro, Zegarro se beneficiará con una jubilación homologada como si hubiese estado en servicio, con algunas excepciones.

Extraoficialmente se conoció que desde 1992 al 2014, Zegarro trabajó en el sector privado, exceptuando una temporada en el Canal de Panamá. Su nombramiento como director de la Diasp en 2014 marcó su regreso al sector público. Lo que llama la atención es que no se le haya reintegrado al SPI en ese momento como agente activo, y en cambio se esperó hasta el final de la administración para restituirlo allí.

Se hizo un análisis legal

El ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, defendió la acción del Ejecutivo. Señaló que el nombramiento de Zegarro en el SPI fue dejado sin efecto por reestructuración administrativa, una causal no contemplada en la Ley, por lo que la destitución resultó ser ilegal. Añadió que las ‘normas vigentes permiten el retorno o reintegro de unidades a la institución mediante fallos judiciales o actos administrativos. Su retorno al SPI no conlleva el pago de salarios caídos y se encuentra dentro de las facultades legales del Ministerio de la Presidencia', al tiempo que advirtió de que aún no se ha concretado su reintegro.

Describió que la acción de reintegro es legal y legítima de acuerdo a las normas que facultan al presidente, en mérito de lo expuesto y del análisis legal efectuado, ‘se recomendó al presidente proceder con el acto administrativo en mención'.

A pregunta sobre los méritos que acreditaban a Zegarro por haber recibido esta consideración, Del Rosario manifestó que cuenta con cinco títulos universitarios, cuatro de ellos en materia de seguridad. El citado, como otros, ‘forma parte de muchos casos de ilegalidades cometidas en el pasado. Cada una de ellas analizadas con mucho rigor por los asesores legales antes de adoptar las decisiones', acotó Del Rosario.

Las quejas llegaron a la Procuraduría

Cuando las quejas contra el funcionario llegaron a la Procuraduría de la Administración y comenzaron a acumularse en el Minseg, el ministro en funciones Alexis Bethancourt lo trasladó en noviembre de 2016 a la Oficina de Participación Ciudadana del Minseg.

Álvaro Gormáz presentó en septiembre de 2015 una denuncia en contra del nombrado ante la Fiscalía Auxiliar. En enero de 2015, Gormáz, junto a Carlos Eleta, Ariel Mendoza, Ismael Hernández, Isaac Brawerman, Alberto Howard, Silvino Arguno y otros, interpusieron una querella contra el funcionario por supuesto delito de calumnia e injuria que aún no ha sido resuelta.

‘Hay usuarios que decían que los permisos no salían, pero en realidad ya habían sido emitidos. Daba la impresión de que los retenían en la DIASP bajo instrucciones de Zegarro',

ÁLVARO GORMÁZ

APPA

A lo anterior se suma otra queja, esta vez por parte de la empresa Scarlett Security Corp., propiedad de Raúl Molina, por haber ignorado una solicitud para la aprobación de un plano para un polígono de tiro. Aunado a esto, reposa una recusación de Gormáz ante el Minseg que culminó con el traslado de Zegarro.

Una fuente que solicitó la reserva de su nombre indicó que ‘a la fecha existen 10 mil trámites de permiso de armas atrasados. El gran culpable de eso fue el subteniente Zegarro porque cuando llegó a la DIASP paró los trámites supuestamente para revisar los permisos y desordenó los expedientes y a la fecha los funcionarios no tienen claro cuáles son los expedientes que tienen trámite y cuáles no'.

Gormáz se quejó con el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, por la actuación de Zegarro, y éste admitió dos quejas en su contra. Una interpuesta en agosto de 2016 y la segunda, en septiembre del mismo año. No obstante, el 11 de noviembre de 2016 el entonces ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt envió nota a González Montenegro en la que se le notificó de que como resultado de la investigación que arrojó la recusación contra el director de Asuntos de Seguridad Pública, fue trasladado de posición, sin identificar a qué cargo.

Una circular posterior del Minseg, con fecha del 17 de octubre de 2016, firmada por el viceministro de Seguridad Jonattan Del Rosario, notifica que el mencionado fue reasignado como director de la Oficina de Participación Ciudadana del Minseg.

Quejas contra Zegarro en la DIASP

Álvaro Gormáz presentó queja en el Fiscalía Auxiliar contra Luis Zegarro como director de la DIASP, por supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de deberes públicos. Se basa en que siendo subordinado del Ministerio de Seguridad retrasó los trámites de expedición y renovación de los permisos de armas para particulares alegando la necesidad de verificar los antecedentes de todas las personas que lo soliciten, lo que carece de fundamento, ya que la motivación no justifica el incumplimiento del artículo 18 de la Constitución Política, ni del artículo 23 de la Ley 57 del 27 de mayo de 2011.

Éste último exige resolver las solicitudes de trámite dentro de un término fatal de 30 días. No obstante, Gormáz alega que no es posible justificar que 83 casos acredite el incumplimiento del artículo en forma general, pues de ese total dos personas presentaron sus solicitudes en 2013, otras 49 en 2014 y 30 solicitudes más se presentaron en 2015.

‘Luis Zegarro forma parte de muchos casos de ilegalidades cometidas en el pasado. Cada una de ellas analizadas con mucho rigor por los asesores legales antes de adoptar las decisiones',

JONATHAN DEL ROSARIO

MINISTRO DE SEGURIDAD

Por lo anterior, se violenta impunemente los derechos de los asociados. Explica la queja que cuando una persona solicita por primera vez un permiso de armas, debe consignar $100 para que se expida el documento por un periodo de cuatro años. De no contar con el permiso, no recibe sus armas de fuego ni su licencia hasta que la DIASP cumpla con el trámite. Por tanto, estas personas no pueden acceder a sus armas adquiridas durante un periodo de tiempo indefinido y, cuando al fin reciben sus documentos, se percatan de que el tiempo de espera en exceso de los treinta días que permite la Ley solo pueden aprovechar un setenta por ciento del plazo, ya que los documentos tienen vigencia por un año.

Gormáz también interpuso una querella junto a Carlos Eleta, Ariel Mendoza, Ismael Hernández, Isaac Brawerman, Alberto Howard, Silvino Arguno y otros, contra el director de la DIASP Luis Zegarro, por supuesto delito de calumnia e injuria.

Los demandantes alegan que la DIASP publicó un resuelto con una estadística en la que aseguraba que desde 2011 al 2014 un mayor porcentaje de los delitos cometidos con arma de fuego eran de procedencia legal. Según el resuelto oficial se mantenía un porcentaje de más del 90% de las armas cortas involucradas en delitos durante los cuatro años de referencia estadística. Es decir, el Ministerio de Seguridad hizo pública una estadística en noviembre de 2014 en la que en promedio, el 65% de las armas de fuego que están registradas legalmente, se usaron para actos criminales.

Después de la revelación de estas cifras, los demandantes solicitaron al entonces ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, su sustentación.

A través de cartas, pidieron la lista de los usuarios registrados portadores de armas involucradas en actos delictivos, pero se toparon con un gran silencio administrativo.

También se quejan de la demora de cinco años que tienen los comerciantes debidamente facultados para poner sus inventarios de armas para la venta a particulares.

Ignora solicitud

A lo anterior se suma otra queja presentada en diciembre de 2017 por Scarlett Security Corp., propiedad de Raúl Eduardo Molina, contra Zegarro, en la que indica que desde el 2014 solicitó la ampliación de las actividades para incluir la actividad de polígono de tiro bajo techo pero que la misma fue ignorada por completo por Zegarro alegando razones baladíes. Por tal razón presentó queja contra el director. Alegó que en la DIASP le solicitaron planos preliminares específicos y éste adecuó los mimos para cumplir con lo que señala el decreto que reglamenta la actividad y remitió al Minseg el expediente para su firma, pero por razón no determinada le respondieron que no existía el borrador de resuelto, al parecer se había extraviado.

El quejoso acudió entonces a la DIASP para dar seguimiento a su solicitud y se le imprimiera nuevamente el borrador de resuelto para ser firmado por el ministro.

No obstante, tras varios intentos nunca logró que el director le atendiera. Para la empresa resulta preocupante la displicencia y desdén con que algunos funcionarios de la DIASP tratan a los usuarios, se lee en el documento. Consideró que este trato puede esconder la intención de propiciar oportunidades para solicitar pagos indebidos por la prestación de un servicio, lo que abre la ventana para la corrupción.

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