Nacional 01/08/2018 - 12:01 a.m. miércoles 1 de agosto de 2018

Querellantes, fiscalía y defensa pactan no agredirse

Tras varios altercados entre las partes que requirieron la intervención de la seguridad judicial, el juez logró un acuerdo verbal de no agresión. Ayer se cumplió con la fase de modificaciones a la acusación ampliada

Los qurellantes, la defensa y la fiscalía se comprometieron a respetar posiciones y no agredirse. / Adelita Coriat | La Estrella de Panamá
Adelita Coriat | La Estrella de Panamá

Los qurellantes, la defensa y la fiscalía se comprometieron a respetar posiciones y no agredirse.

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Adelita Coriat
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La fiscalía, el querellante autónomo y la defensa han superado sus diferencias en cuanto a las correcciones de forma y fondo de la acusación ampliada presentada por el fiscal de la causa, Harry Díaz, en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

En la audiencia celebrada este martes —una de las jornadas de mayor avance desde que Martinelli compareció por primera vez frente al juez—, la defensa del exgobernante, en voz de Sidney Sittón, solicitó a la fiscalía incluir una veintena de modificaciones al escrito de acusación ampliado que previamente había entregado el fiscal Díaz a las partes.

Sittón también pidió acceso a todas las pruebas documentales (la mayoría inspecciones oculares) que el fiscal citó en el documento.

Las peticiones de la defensa fueron atendidas, excepto la revelación de la identidad del testigo protegido, el acceso a los siete cuadernillos que contienen información sensitiva de las víctimas y a una serie de evidencias materiales que la fiscalía pretende presentar en el juicio.

El magistrado Jerónimo Mejía, en función de juez de garantías, decidirá sobre estas pruebas, previa admisibilidad. Luego, dirá si descubre o no la identidad del testigo protegido localizable por el Fiscal de Atención Primaria y/o si permite a la defensa acceder al contenido de los siete cuadernillos con información del correo electrónico ‘brad.pty@gmail.com', así como a varias evidencias materiales (computadoras, discos duros y discos compactos) que se encuentran a disposición del Pleno de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Juicio, las cuales se ubican en el Almacén de Custodia de Evidencias del Ministerio Público, en esta ciudad.

Posteriormente, se procederá a evaluar cada una de las evidencias (74 pruebas testimoniales y 48 documentales) que se emplearán en la etapa del juicio oral.

Ayer también ocurrió algo inédito en este proceso: querellantes, fiscalía y defensa, de pie frente al juez Mejía como testigo, acordaron un pacto de no agresión.

El inesperado compromiso vino después de tres acaloradas discusiones escenificadas en los pasillos y en el salón de audiencias del Órgano Judicial, durante uno de los recesos.

Una de las víctimas, Balbina Herrera, y Holanda Polo, abogada de Martinelli, protagonizaron un fuerte intercambio de palabras que requirió la intervención del personal de seguridad interno para calmar los ánimos.

Las diferencias habrían sido por la libertad con que el exmandatario se comunica, a través de manuscritos, con simpatizantes que asisten a las audiencias, acción que los querellantes consideran una falta de respeto.

Otra discusión tuvo lugar en las escaleras de la Corte, entre Sittón y el querellante autónomo Rosendo Rivera.

Se conoció que Rivera reclamaba a Sittón ciertos mensajes publicados en redes sociales que, supuestamente, hacían alusión a su persona. Rivera desafió a Sittón a que le hable de frente. El intercambio verbal parece que vino acompañado de un reto a los puños que nunca ocurrió. Esta controversia también requirió de la intervención de la seguridad interna de la Corte, y no pasó a mayores.

Cuando se reanudó la audiencia, Sittón trató de poner al juez en conocimiento de este incidente, pero Mejía no le concedió la palabra. El abogado solo alcanzó a decir: ‘La seguridad está enterada de la falta de respeto de Rivera'.

El tercer incidente ocurrió entre el fiscal Díaz y el abogado de la defensa Alejandro Pérez, entre los que hubo un debate intenso dentro del salón de audiencias.

Cuando el juez declaró un receso para el almuerzo, Sittón y Polo se acercaron al estrado. Enseguida se arrimaron Rivera, Herrera y el resto de los presentes, y hablaron con el juez Mejía durante unos veinte minutos. Tras la repentina reunión, los participantes atendieron las instrucciones del juez. Ninguno quiso referirse a los altercados previos.

Herrera dijo que las partes establecieron manejarse con respeto durante el proceso. Sittón añadió que el juez les recomendó actuar con profesionalismo.

Durante la audiencia, el fiscal Díaz se quejó del comportamiento de Sittón en las redes sociales. ‘Sittón plantea que yo leo la documentación, yo no veo nada de malo, pero no hay que estar señalando en redes sociales que el fiscal lee material que desconoce', protestó el fiscal.

Al respecto, el juez comentó que no hay nada de malo en leer sus observaciones, pues le ayuda al fiscal a precisar ideas.

En la misma jornada del martes, Martinelli entró al salón de audiencias rechazando el contacto físico del personal de seguridad que lo guiaba, sin empujarlo. ‘No me toque, no me toque', decía. Al salir, además, vociferó que daría declaraciones que estremecerían a los estamentos de seguridad del país: ‘Ni se imaginan', advirtió, sin adelantar explicaciones.

LAS MODIFICACIONES

Sittón presentó un escrito con los defectos en la acusación ampliada de la fiscalía que no fueron atendidos. Entre estas deficiencias indicó, por ejemplo, que la acusación no señala el tiempo preciso en que ocurrieron las supuestas intervenciones telefónicas ordenadas por su cliente, sino que enmarca los delitos entre el 2012 y 2014.

En este sentido, el juez manifestó que el fiscal explicó que no es el único periodo en que ocurrieron las intervenciones, sino el lapso de tiempo en que se centró para investigar. El juez reconoció como válida la frase empleada por Díaz.

La defensa de Martinelli pidió corregir algunos errores mecanográficos (apellidos de peritos), lo que fue subsanado.

A continuación, Sittón pidió copia de una lista de documentos que, alegó, no le entregó la fiscalía. Entre estos, citó diligencias de inspección ocular efectuadas a diferentes sitios, en fechas distintas, testimoniales y notas.

El fiscal entregó una copia, a satisfacción, de todo lo solicitado por la defensa.

Sittón demandó que la fiscalía especificara los nombres de los funcionarios que supuestamente recibieron instrucciones del exmandatario para pinchar los teléfonos, hacer la vigilancia y dar seguimiento a las víctimas. Al respecto, el fiscal reveló que se refiere a Ronny Rodríguez, William Pittí e Ismael Pittí.

Se hicieron otras modificaciones, como la individualización de las 49 víctimas afectadas, en lugar de hacer referencia a ellas en grupos como sindicalistas, políticos, abogados, etc.

También se consideró la relación de hechos y delitos para incluirlos en la acusación y la calificación jurídica.

Culminados los cambios, la defensa no tuvo observaciones adicionales. El juez declaró superada la fase de la acusación entre estas dos partes.

Luego del receso, tocó el turno a la querella autónoma para adecuar su acusación. David Cuevas, abogado de Rosendo Rivera, indicó que hizo ajustes como los planteados por la fiscalía, ya que ambas acusaciones son muy similares.

Cuevas describió los cambios que incluyó en el escrito. Empezó diciendo que el verbo rector del delito es ‘interceptación', como dijo la defensa de Martinelli, y no ‘intercepción'.

Sittón también criticó que este escrito era 95% igual al de la fiscalía, a lo que Cuevas dijo no sentir ninguna ofensa, pues el Código no lo prohíbe.

El querellante también incorporó los nombres de los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional a los que Martinelli les daba órdenes, y Cuevas los incluyó. No obstante, reservó la forma en que el exmandatario daba dichas órdenes porque, dijo, forman parte de la teoría del caso y las daría a conocer en la etapa de juicio oral.

La querella autónoma también individualizó a las 49 víctimas identificadas en la carpetilla penal, en vez de referirse a ellas por gremios.


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