Nacional 05/01/2019 - 12:00 a.m. sábado 5 de enero de 2019

Primer Tribunal condena a Morgan&Morgan

La sentencia proferida por el tribunal de justicia aún es susceptible de un recurso de casación.

La sentencia es susceptible de un recurso de casación. / Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá

La sentencia es susceptible de un recurso de casación.

Marlene Testa
mtesta@laestrella.com.pa

El Primer Tribunal Superior de Justicia condenó a Eduardo y Juan David Morgan y a la sociedad Morgan & Morgan a pagar $120,500 a Calixto Malcom, por daños y perjuicios. La sentencia establece que deben pagar $20,500 en concepto de daños materiales y $100 mil en daños morales.

El fallo ordena que se publique en el diario La Prensa un extracto de la sentencia con la misma relevancia de las publicaciones ‘Requiem por los partidos políticos', ‘De la corrupción a la impunidad' e ‘Historia de gente de mar'.

De acuerdo a la sentencia del 27 de diciembre de 2018 firmada por los magistrados Carlos Raúl Trujillo Sagel, Olga Rujano De León, Lilianne M. Ducruet y el secretario José Karamañites, los demandados también deben enfrentar los costos del proceso que se han fijado en $24,075 y liquidarlos en la secretaría del juzgado donde se originó.

La querella contra los socios de la firma de abogados está fundamentada en que estos promovieron denuncias contra su representado por los delitos de abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos, delito contra la fe pública y enriquecimiento injustificado.

Los demandados, según la querella, usaron los recursos legales para impedir las funciones de Malcom, quien fungía como juez en la jurisdicción marítima y lograr su separación del cargo porque su criterio jurídico no se ajustaba a sus pretensiones económicas forenses.

Las denuncias, querellas, demandas civiles y 58 incidentes de recusación se dieron como consecuencia de un hecho ocurrido el 5 de septiembre de 2000, al no ser admitido un secuestro de $2.1 millones presentado por Juan David Morgan, en representación de Liverpool & London Steamship Protection and Indemnity Association Limited.

Ante la negativa del juez de decretar el secuestro, la firma interpuso una querella para que se le investigara y sancionara por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos en perjuicio de su cliente. Pero, meses después, la Sala de lo Penal de la Corte ordenó el archivo del expediente argumentando que el querellante no presentó la prueba sumaria que acreditaba la comisión del delito y el perjuicio sufrido.

La sentencia proferida por el tribunal de justicia aún es susceptible de un recurso de casación. ‘El debate judicial no ha concluido, ya que es un derecho de las partes hacer uso del recurso de casación', explicó una fuente judicial.

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