Nacional 03/09/2018 - 12:00 a.m. lunes 3 de septiembre de 2018

Ministro de Ambiente ante otro pleito legal

La empresa Coal Power presentó un recurso en la Corte Suprema de Justicia para que se ordena la detención de Emilio Sempris

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, durante un conversatorio. / Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, durante un conversatorio.

Ismael Gordón Guerrel
igordon@laestrella.com.pa

Al ministro del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente), Emilio Sempris, se le suma otro problema a los ya existentes con la licitación para la rehabilitación de la pista de aterrizaje en la Isla Coiba y la denuncia por la tala de gran cantidad de árboles en la provincia de Darién.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 28 de agosto, recibió una solicitud para declararlo en desacato y además que se ‘se ordene el arresto' mientras dure la renuencia de cumplir la orden judicial de confeccionar una nueva resolución para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) .

De acuerdo con el recurso a presentado por la firma Rubio, Álvarez, Solís & Ábrego, en representación de la empresa Coal Power, cinco meses de emitida la resolución de 29 de noviembre de 2017, el Ministerio de Ambiente ‘mediante providencia DM 012 del 2 de abril del 2018 ordena la realización de un nuevo procedimiento, no establecido en la Ley', esta situación se aleja de lo que la Corte ordenó que era ‘proceder a la confección de una nueva resolución que aprobara el EIA', según el documento presentado por el abogado José Alberto Álvarez.

Ante la acción del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP), en el 2017, tomó la decisión de cancelar la licencia otorgada a Coal Power por no contar con un EIA aprobado y vigente.

La licencia a la empresa fue otorgada por la ASEP el 2 de abril de 2014 para la exploración de una planta térmica de generación de energía eléctrica de carbón, ubicada en Cativá Colón, con una capacidad instalada de 150MW. La inversión sería de $320 millones.

La empresa Coal Power tenía doce meses calendarios para entregar la información a la ASEP y alega que la falta de respuesta de parte de Mi Ambiente le generó el retraso y por ende la cancelación de la licencia.

Según el cronograma, la planta de Coal Power debía comenzar a generar energía a partir de 2018, pero su construcción fue aplazada por los pedidos de prórroga de la compañía que a pesar de la tramitación ante el Ministerio de Ambiente, no recibía respuesta.

En medio de la tramitación de los permisos, la empresa Coal Power tenía en la Corte una amparo de garantías.

PROCESO LEGAL

Coal Power tenía una concesión para generar energía, mediante carbón

El Ministerio de Ambiente le negó el EIA.

La empresa presentó un amparo de garantías constitucionales que fue fallado a Coal Power y hasta ahora no ha acatado el Ministerio de Ambiente.

En noviembre de 2017 el pleno de la Corte concedió el Amparo de Garantías Constitucionales. Se revocó la orden de hacer demanda y le ordenó al funcionario otorgar a Coal Power la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

De acuerdo con el recurso interpuesto en la Corte, en su artículo octavo se detalla, que le evaluación del EIA, no puede hacerse de nuevo, ya que violaría el principio de debido proceso establecido en el artículo 32 de la Constitución Política.

Agregan que si el procedimiento ‘ha sido retrotraido a como se encontraba antes de la decisión', esto no significa que debe iniciarse otra evaluación y análisis, por lo que no cabría en este punto solicitar que se reubique todo el proyecto, si no que se debe actuar con respecto al análisis ya existente y emitir una nueva resolución.

Mediante Resolución IA-RECH-006-2016 de 31 de marzo de 2016, el Ministerio de Ambiente rechazó el EIA categoría III para el desarrollo del proyecto de Coal Power.

Interpusieron oportunamente recurso de reconsideración, no obstante al 29 de septiembre de 2016, el mismo no había sido resuelto por la entidad rectora del tema ambiental.

Entre las pruebas aportada en el recuso presentado en la Corte está la Resolución DIERO-IA-RECH-006-2016, de 31 de marzo de 2016, que rechaza el EIA. El recurso de reconsideración.

La resolución del Amparo de Garantías Constitucionales de noviembre de 2017. Además, la advertencia de desacato judicial enviada al Ministerio de Ambiente, elaborada por el abogado ambientalista, Harley Mitchell.

También solicitan que se tengan como pruebas los procesos administrativos.

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