Nacional 10/07/2018 - 12:00 a.m. martes 10 de julio de 2018

Máxima condena para asesinos de los jóvenes chorreranos

El Segundo Tribunal de Justicia ordenó en total 230 años de prisión entre seis personas implicadas en el secuestro y homicidio de cinco jóvenes chorreranos, ocurridos entre los años 2010 y 2011

Gilberto Ventura Ceballos, considerado autor intelectual de los crímenes de los cinco jóvenes chorreranos. / Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá

Gilberto Ventura Ceballos, considerado autor intelectual de los crímenes de los cinco jóvenes chorreranos.

Anterior Siguiente

Marlene Testa
mtesta@laestrella.com.pa

El 14 de septiembre de 2011, una noticia conmocionó a la sociedad panameña: los restos de Yessenia Loo Kan (18 años), Yong Wu Ken (27), Georgina Lee Chen (18), Joel Liu Wong y Samuel Zeng Chen (19), reportados como secuestrados, aparecieron dentro de varias fosas debajo del piso de una vivienda en El Trapichito, en La Chorrera, donde residía Alcibiades Méndez, alias ‘José Celular' o ‘José el dominicano'.

LAS MENTES CRIMINALES

Ventura Ceballos y Alcibiades Méndez, gestores de la trama criminal que segó la vida de cinco jóvenes

2008

Gilberto Ventura Ceballos llegó a Panamá con documentos falsos y visa de turismo con el nombre de Fermín Tavares.

2010

Los dominicanos Alcibiades Méndez (50 años) y Gilberto Ventura (49) planificaron y ejecutaron sus actos con saña y crueldad.

2018

El Segundo Tribunal de Justicia los condenó a ambos a 50 años de prisión por los secuestros y crímenes de cinco jóvenes.

Los cuerpos de los jóvenes secuestrados en diferentes fechas estaban atados de pies y manos, además amordazados con cinta adhesiva, en tres fosas descubiertas bajo el piso de la residencia de Méndez, donde al parecer pasaron su cautiverio.

Después de asesinados, sus cuerpos fueron cubiertos con cemento y baldosas.

Transcurridos siete años, las autoridades parecen haber hecho justicia. Este lunes, en la cuenta de Twitter del Órgano Judicial se anunció la pena máxima acumulativa para los autores de estos crímenes: 50 años de prisión para Gilberto Ventura Ceballos e igual condena para Alcibiades Méndez, ambos de nacionalidad dominicana.

‘Se hizo justicia, tarde, pero se hizo', comentó Germán Vargas después de escuchar la condena. ‘Pasarán lo que les queda de vida en la cárcel', piensa una joven estudiante de periodismo que llamó a este medio para opinar al respecto. La reacción en el común de los panameños fue casi siempre la misma. ‘Feliz, muy bien, que se pudran en la cárcel, no tuvieron ninguna piedad', dijo Rosa De León, una ama de casa, quien opinó sobre la condena.

Por cómplices del secuestro y homicidio de los cinco muchachos, también fueron condenados a 50 años de prisión Keyla Giselle Bendibú y Mario Luis Vega.

A Kenny Alexander Bendibú Salazar y Roberto Antonio Mariscal se les impuso una sentencia de quince años de prisión por su participación en los crímenes, y se ordenó su captura. Ambos fueron contratados para tirar un piso de baldosas que cubría los cuerpos.

LA SENTENCIA

A diez personas se les formularon cargos por su participación en los crímenes de los cinco jóvenes. Una de ellas salió absuelta.

El dominicano Félix Manuel Rosario Bruján fue absuelto de todos los cargos en su contra, tres en total. Bruján fue acusado por venganza de ‘José Celular', como le llamaban a Méndez, en los asesinatos de los jóvenes.

‘He perdido siete años de mi vida. Mis hijos le dicen papá a otro hombre. Ahora no tengo nada y tengo que comenzar de cero', dijo Bruján , en junio de 2017, después de que el tribunal le levantara la medida cautelar de prisión preventiva por no habérsele probado ninguna relación directa con los hechos investigados.

Cuatro de los sindicados fueron sentenciados a la condena acumulativa máxima de prisión.

Otros dos recibieron quince años por homicidio, pero fueron absueltos del delito de secuestro.

El Segundo Tribunal Superior, bajo la ponencia de la magistrada Georgina Tuñón, acreditó el delito de secuestro gracias a las pruebas aportadas. Las evidencias permitieron evaluar las acciones de los implicados para ubicar, secuestrar y precisar los ingresos económicos de las víctimas.

El tribunal también pudo acreditar que hubo premeditación en el homicidio de las cinco personas.

‘Salta a la vista que quienes ejecutaron los secuestros, una vez se contactaron con algunos familiares de las víctimas y lograron obtener parte del rescate, optaron por quitarles la vida a cada uno', sustentó la jueza en la sentencia.

El haber encontrado los cadáveres enterrados con zunchos, esposas y cintas adhesivas en distintos lugares de la casa es una evidencia de la intención de los autores de los crímenes de segar la vida de los muchachos y ocultar las evidencias de los hechos, agrega el tribunal en el documento.

La sentencia establece que quienes cometieron los homicidios dolosos utilizaron armas de fuego para ultimar a una de las víctimas y objeto punzocortante para otros. Dos fueron asfixiados.

Los cinco jóvenes fueron enterrados en una vivienda alquilada, para lo que se requirió romper pisos y cavar hoyos, entre otros, argumenta el tribunal para fundamentar su decisión.

Seis personas fueron absueltas por los delitos de blanqueo de capitales. Los acusados cobraron $243 mil por los secuestros, según confesó Méndez.

Este delito no pudo ser acreditado porque el funcionario de instrucción, según la sentencia, no aportó testimonios, diligencias de seguimiento, entre otros, en la etapa plenaria, que permitieran llegar a la conclusión de que se realizaron acciones tendientes a introducir dineros en la economía nacional para darle la apariencia de legitimidad.

Se estableció que los condenados cobraron $243 mil por los secuestros.

La magistrada María Luisa Vigil, sin embargo, no estuvo de acuerdo con la decisión de absolver a seis personas por este delito. La jueza salvó su voto considerando que dentro de la investigación se realizaron diligencias en el Casino Fantastic de Plaza Italia, en La Chorrera, donde se logró establecer que algunos billetes coincidían con las copias de dineros entregados por sus familiares para la liberación de las víctimas.

Según la nota de prensa del Órgano Judicial, se demostró que los implicados colocaron el dinero del secuestro en el sistema financiero.

Todos los condenados por este proceso penal están inhabilitados por diez años para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la pena accesoria.

El tribunal colegiado estuvo compuesto por María Luisa Vigil, Marlene Morales y Georgina Tuñón. El Ministerio Público, representado por el fiscal Julio Villarreal.

comments powered by Disqus