Nacional 12/04/2018 - 5:49 p.m. jueves 12 de abril de 2018

Llamamiento a juicio por perdida de arma en el SPI

La investigación inicia  en diciembre de 2015 cuando se le encuentra a un menor de edad en San Miguelito, un arma de fuego que pertenecía al SPI

Guardia presidencial. / spi
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Guardia presidencial.

Redacción Digital La Estrella
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El Juez Duodécimo de Circuito Penal de Panamá, Orlando Castrellón, abrió causa penal contra Juan Enrique Lozano y David Robles Aranda, como presuntos infractores de un delito contra la administración de justicia, en la modalidad de diferentes formas de peculado,  perjuicio del Servicio de Protección Institucional (SPI).

En ese sentido, se abre el periodo a pruebas por un término de cinco (5) días hábiles e improrrogables para que las partes puedan aducir las pruebas que estimen convenientes a sus respectivos interese, que empezará a correr a partir de la última notificación de la presente resolución.

El juez de la causa, según comunicó el órgano Judicial en una nota de prensa, se basó la calificación del sumario en que se habían comprobado el hecho punible y la vinculación de los hoy imputados con el delito investigado, ello de conformidad en los artículos 32 de la Constitución Política de la República de panamá; artículo 14 de la Ley 14 de 1976, (aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); el artículo 8 de la Ley 15 de 1977, (aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos); Ley N°15 de 16 de noviembre de 1990; y los artículos 2219, 2221, 2222 y 2338 concordantes del Código Judicial.

El pasado 10 de abril se realizó la audiencia preliminar donde la fiscalía Anticorrupción de Descarga del  Ministerio Público, estuvo representada  por Javier Mitre; y las defensas particulares Rogelio Castillo y Jacinto González, apoderados de Robles y Lozano, respectivamente, quienes realizaron sus alegatos.

La investigación inicia  en diciembre de 2015 cuando se le encuentra a un menor de edad en San Miguelito, un arma de fuego que pertenecía al SPI, hecho denunciado por el abogado Edgar Torres, que dan pie a indagatorias y diligencias que permiten descubrir que hacían falta 14 correderas y 13 empuñaduras.

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