Nacional 20/05/2019 - 12:00 a.m. lunes 20 de mayo de 2019

Las infidencias de una investigación

El trabajo fue elegido como la mejor investigación del 2018 nacional por un jurado integrado por laureados periodistas iberoamericanos. Dejó al descubierto el entramado entre el CSN, la Presidencia y la PGN para armar querellas puntuales

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Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, está próximo a revelar los resultados sobre las sumarias de investigación que efectuó acerca de la participación del bufete del hoy fallecido abogado Rogelio Saltarín —abogado personal del presidente Juan Carlos Varela— con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Esta pesquisa se originó a raíz de una demanda penal producto de la publicación seriada que hice en La Estrella de Panamá , del 1 al 4 de octubre de 2018, titulada: ‘La mano paralela de la justicia'.

La pesquisa revelaba una desviación sin precedentes del Consejo de Seguridad, convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales.

Un plan estructurado como si fuera un rompecabezas. En el escrito describía a los actores centrales que interactuaron entre sí desconociendo las fronteras entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Procuraduría.

El CSN terminó manejando los expedientes de supuestos casos de corrupción.

‘Las piezas principales de este plan son Rolando López, actual secretario ejecutivo del CSN, y Rogelio Saltarín, abogado penalista y asesor externo en materia penal de la Presidencia de la República durante los primeros 18 meses del gobierno de Juan Carlos Varela, que utilizaron el brazo de Kenia Porcell en la jefatura de la Procuraduría General de la Nación', se lee en mi escrito.

Uno de los puntos más delicados fue la denuncia de esta estructura que contaba ‘con un grupo de juristas aliados que conformaban un club de amigos a quienes se les denominó La Taquilla. Ese clan, que nunca tuvo rostro ni identidad definida, se especializó en obtener la libertad de encausados, según denunciaron fuentes judiciales. Eran capaces de ablandar medidas cautelares de los procesados, donde primaba el interés del que pagaba y del que recibía esos favores, menoscabando el interés de la justicia.

REVISA EL BORRADOR

Por meses he consultado al procurador González sobre la conclusión de su investigación. El contacto inició a principios de diciembre de 2018, y las respuestas se hicieron acompañar de su estilo caballeroso y amable: ‘estamos realizando práctica de pruebas para verificar la denuncia; realizamos transcripciones a las diligencias'.

En enero pasado indicó que efectuaba una solicitud adicional a la PGN para el posterior análisis de la información y determinar si se está o no ante un hecho punible, tarea a la que se encomendó en febrero.

En mayo de 2019, manifestó que elaboraba una resolución que esperaba tener lista en una semana. Ese mes, por segunda vez, dijo que revisaba el borrador para hacer las últimas correcciones.

Para el trabajo de investigación entrevisté a docenas de abogados penalistas, exdirectores del CSN, exmagistrados de la Corte Suprema, exprocuradores de la PGN; recogí la voz de los procesados en las investigaciones iniciadas por Saltarín, ministros y viceministros, fuentes judiciales. Muchos de los consultados, temerosos ante la consecuencia de sus palabras, solicitaron omitir sus nombres, y así lo respeté.

Obtuve documentación, luego de gestionar varias peticiones al Ministerio de la Presidencia, para conseguir el informe de gestión de Saltarín en base a la Ley de Transparencia en la gestión pública que finalmente me entregaron a finales de julio de 2018, y examiné docenas de expedientes para hacer un análisis comparativo, entre las sumarias de las fiscalías encargadas de los procesos que se originaron bajo la asesoría de Saltarín, y los fallos emitidos por los juzgados.

LA GÉNESIS

Todo empezó a finales de abril de 2018, cuando publiqué un informe que revelaba a beneficiarios de pagos directos e indirectos que efectuó la constructora brasileña Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, y que vinculó a varias sociedades panameñas. Un documento que provenía del CSN y cuya autenticidad corroboraron distintas fuentes.

Un día después de la publicación, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado calificando la noticia de errada y negó su autoría. Sostenía que este tipo de pesquisas corresponden al Ministerio Público y no al CSN.

Curiosamente, el debate sobre la autoría del documento superó el contenido de la información sensitiva que establecía vínculos entre la constructora y sociedades anónimas que antes no habían sido publicadas.

Reproduje íntegra la versión del Consejo de Seguridad. Sin embargo, al parecer el derecho a réplica no había sido suficiente.

Al día siguiente, en horas de la noche, recibí una llamada del enlace del Consejo de Seguridad para citarme a una reunión con dos altos funcionarios del Consejo. No había motivo para tal cita, pues ya había sido publicado el manifiesto del CSN. Sin embargo, ante la insistencia del enlace, accedí.

La intención de los altos funcionarios se centraba en conocer quién me entregó el informe antes mencionado —respuesta que nunca obtuvieron—, insistían en que la fuente buscaba hacer daño a la entidad.

La reunión duró casi dos horas, pero antes de que concluyera la conversación que se pactó ‘off the record', recordé que en mi bolso cargaba un poder del entonces director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, a un abogado del Consejo de Seguridad de nombre David Hidalgo Padilla, en el proceso conocido como ‘compras de arroz'. En dicho documento aparecía la dirección y el teléfono del CSN para ubicar al apoderado del PAN.

Le mostré el papel al interlocutor de más alto rango y éste lo leyó detenidamente. Ante mi insistencia sobre una explicación al respecto, el funcionario admitió que el abogado trabajaba para la institución, pero fue incapaz de justificar la razón por la que se habilitó al jurista para interponer la denuncia. En cambio, me refirió a su ‘jefe', el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, para que explicara el asunto.

Alemán aceptó la entrevista de forma inmediata, pero negó todo vínculo con el CSN. Se mostró molesto por las preguntas incisivas que buscaban conocer el alcance de la relación entre Saltarín, el CSN y la Procuraduría General de la Nación.

Alemán describió la labor de Saltarín en la Presidencia como una figura coordinadora del cúmulo de denuncias que surgieron en las entidades durante la pasada administración gubernamental que ameritarían presentar querellas.

Sostuvo que el licenciado Hidalgo pertenece al Ministerio de la Presidencia, que antes laboraba en el Consejo de Seguridad y que ‘de repente lo llamaron para hacer ese trabajo como asesor penal en la Presidencia'. Posteriormente, Hidalgo fue trasladado como director de la Dirección General de Ingresos.

Acudí personalmente al despacho de Hidalgo para conocer su versión sobre su función como querellante del PAN. Su secretaria me dijo que se encontraba de vacaciones. Sugirió que enviara un cuestionario por correo electrónico y así lo hice. Pero a pesar de las múltiples llamadas, jamás respondió las inquietudes sobre su actuación.

Una de las primeras personas que contacté fue a Rogelio Saltarín. A finales de mayo de 2018 le escribí a su celular para una entrevista, a lo que respondió que sufría de quebrantos de salud. En un momento mostró interés de hablar, pero después fue internado en un hospital en el extranjero. El abogado falleció en diciembre de 2018, poco después de regresar a Panamá.

La publicación tomó por sorpresa al Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno de Varela mantuvo silencio hasta pasados diez días de la fecha de la publicación. Se emitió un comunicado con el sello del Gobierno Nacional, sin firma, en el que se justificaba la contratación de bufetes de abogados para asesorías diversas.

Paralelamente a la publicación de los reportajes, se produjo un extraño silencio de los medios de comunicación nacionales. Escasos hicieron eco de la información.

A juzgar por las palabras de Juan Carlos Tapia, conductor del programa ‘Lo Mejor del Boxeo', quien comentó las publicaciones bajo advertencia de que cerrarían el espacio televisivo, la reserva colectiva respondía a claras amenazas de censura que evidenciaron una violación al derecho de expresión e información que la administración Varela se jacta en defender.

La procuradora Kenia Porcell nunca quiso hablar para esta investigación, a pesar de mis múltiples insistencias, correos electrónicos y repetidas peticiones al enlace de prensa de la entidad. Lo que sí hizo fue calificar la investigación como un ‘sofrito' o ‘refrito' ante algunos periodistas que se atrevieron a preguntarle del tema a su salida de la Fiscalía Auxiliar. Desde mediados de octubre de 2018, Porcell no ha dado la cara públicamente.

Una serie de hechos posteriores a la publicación me motivaron a sospechar que mi teléfono estaba siendo intervenido y que me seguían sin justificación judicial. Curiosamente, la noche del 17 de octubre, luego de que corrió como pólvora una noticia falsa en las redes y celulares, que contaba que había salido ‘librada de un supuesto intento de secuestro en el que resulté herida con un objeto contundente', recibí la llamada de los dos altos funcionarios del Consejo de Seguridad con los que me había reunido anteriormente, para decirme que ellos no habían sido los autores de la ‘fake news' y que velaban por mi seguridad. ‘Tenga por seguro que usted estará muy bien cuidada', escuché al otro lado del auricular.

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