Nacional 19/06/2017 - 12:00 a.m. lunes 19 de junio de 2017

Fianza depende más del perfil, que del delito cometido

El juez Edwin Torres decidirá mañana en audiencia, antes de conceder una fianza de excarcelación, si Martinelli presenta riesgo de fuga

El fiscal que alegará por el Estado panameño sabe que el rastro del aparato llevó a las autoridades hasta Ricamar, empresa de Martinelli. / Archivo | La Estrella de Panamá
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El fiscal que alegará por el Estado panameño sabe que el rastro del aparato llevó a las autoridades hasta Ricamar, empresa de Martinelli.

Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

El fiscal encargado Alan Fels ha plasmado en blanco y negro que si a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, le hubieran alertado de que había una orden de arresto en su contra, podría haber huido.

Razón por la que el 12 de junio pasado solicitó al juez del Distrito Sur de Miami, Florida, en Estados Unidos, que permaneciera en prisión, siguiendo el proceso que dicta el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá, con el fin de que el fugitivo sea arrestado y llevado a Corte para que se ventilen las acusaciones en su contra.

Mañana martes 20 de junio, una situación muy similar podría ocurrir ante el mismo juez que atendió hace una semana la audiencia y que solicitó tiempo para emitir opinión sobre el encierro de Martinelli. Finalmente resolverá la incógnita de si permanece preso o sale en libertad condicional hasta que se concrete el proceso.

En Estados Unidos la fianza que concede un juez está más relacionada al perfil del sujeto o imputado, por el temor a peligro de fuga, que al delito que le imputan. Es una consideración netamente discrecional del mediador, que cuando la concede, por lo general los fiscales, rechazan.

Martinelli tendrá a su lado un numeroso equipo de abogados que han preparado una estrategia para que su cliente recupere la libertad y retrasar el proceso de extradición a Panamá.

El viernes por la noche la defensa del expresidente presentó una moción de "emergencia" para que se deseche la extradición de su cliente y sea liberado.

El escrito se basa en que el gobierno panameño no presentó una orden de arresto para esta ofensa con carácter de extradición, hecho que viola el debido proceso.

Este tema también será tratado en la audiencia de mañana; el juez Edwin Torres la ha incluido en el orden de puntos a tratar.

El fiscal a cargo respondió a los abogados diciendo que la orden de arresto que envió el gobierno de Panamá funciona en su sistema legal, y que se emite principalmente para confirmar que en efecto hay cargos a los que debe responder el requerido en el país solicitante. Aunado a esto, la misma Corte Suprema de Justicia que emitió la orden es el ente que acusó al expresidente.

El expresidente está a punto de librar su primera batalla, aunque sea una primera meramente judicial.

Una vez emita el juez su veredicto, quedará activada otra fase en la que el también empresario panameño se desenvuelve como pez en el agua, la política. La decisión de extradición recae en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que finalmente es la entidad que imprime su sello en este procedimiento.

Para inclinar esta balanza a su favor, si utiliza esta estrategia, Martinelli requerirá de un lobista. Una persona con el peso político indicado para influir en las decisiones estatales. En ese escenario, podría comenzar por acercarse a senadores republicanos que puedan hablar al oído del Ejecutivo. ‘Se han efectuado acercamientos con un senador' para calar en la decisión del Departamento de Estado, dijo una fuente conocedora del caso, aunque Sidney Sitton, abogado de Martinelli, negó que esto se haya puesto en práctica. ‘Él únicamente tiene abogados, lo demás es cuento y especulación', manifestó Sittón.

También en EE.UU. se desarrolla hoy otro hecho político de vital importancia; se reúnen por primera vez el presidente Juan Carlos Varela con su homólogo Donald Trump. Ambos trabajan una agenda apretada con temas centrados en seguridad y comercio. La extradición de Martinelli puede colarse en la plática.

Entre tanto, las víctimas de los "pinchazos", el caso de espionaje telefónico por el que se requiere a Martinelli en Panamá, esperan justicia.

En la parte judicial, todo dependerá de qué tan robusto sea el expediente que se presente ante el juez Edwin Torres, en quien recaerá darle al expresidente la fianza para esperar su extradición en libertad o en arresto domiciliario, o en la prisión federal en la que ya tiene asignado un número de recluso.

EL ARGUMENTO DEL FISCAL

El fiscal Fels está facultado para representar ante el juez Edwin Torres los intereses de Panamá, que pide la extradición del exmandatario.

Las bases en las que apoya la petición el Estado panameño describen que en el periodo de 2012 a 2014 Martinelli utilizó los recursos del Estado panameño en forma ilegal interceptando y grabando comunicaciones privadas de al menos 150 personas a las que identificó como "blancos" políticos y económicos, entre los que se incluían políticos de su propio partido y oponentes, familiares, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, periodistas, hombres de negocios competidores, activistas sociales, miembros de asociaciones cívicas y líderes sindicales y gremiales, además de su conocida amante, y otros, cita el documento ("complaint") que resume los argumentos del gobierno.

Martinelli utilizó a su criterio el equipo que había adquirido el país con fondos públicos y a miembros del Consejo de Seguridad Nacional, a quienes involucró en las grabaciones ilegales que se realizaban con sofisticadas herramientas y otras formas de seguimiento que violaron la privacidad de las víctima. Así se enteró de la vida privada y profesional de quienes a su gusto consideró, sin su autorización ni de orden judicial alguna.

El artículo 29 de la Constitución Política de Panamá y el 311 del Código Penal establecen que las comunicaciones privadas no pueden ser grabadas sin justificación de la ley. También prohíbe extraer información de las computadoras, celulares y otros aparatos electrónicos a menos que exista una orden judicial. En este caso, Martinelli no tenía una justificación que le permitiera espiar a sus blancos.

En vez de actúa por los canales apropiados, Martinelli utilizó al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para éste fin, siendo éste un ente cuya tarea es asesorar al mandatario en asuntos de seguridad nacional.

SÚPER PODERES

El documento analiza el poder que tenía Martinelli como presidente, sobre el CSN. Explica que, en marzo de 2010, emitió un Decreto Ejecutivo que le permitía remover a los funcionarios y que prácticamente Martinelli dirigía los asuntos y las políticas de éste organismo.

En ese sentido, creó una unidad en el CSN denominada ‘servicios especiales' que incluía a Rony Rodríguez (prófugo, con orden de arresto desde 16 de enero de 2015, cuyo paradero se desconoce), quien era el secretario ejecutivo del CSN y a otros dos hombres, William Pitti e Ismael Pitti.

La unidad hacía informes directos a Martinelli, a quien se referían como ‘jefe' o RM, en vez de nombrarlo por su nombre o su cargo, con el objeto de otorgar a la información la confidencialidad que él les solicitaba.

La unidad tenía una oficina en el último piso del CSN, el edificio 150, al que solo tenían acceso los miembros del grupo, a través de una llave electrónica. Dentro había tres computadoras, un servidor, una impresora y un equipo de soporte ‘PC sistema de vigilancia' denominado Pegasus. Este sistema es el que utilizaron para interceptar teléfonos, emails, chats, extraer data a los contactos como agendas, videos de la computadora o de los celulares y las tarjetas de memoria; tenía activación de localización de los intervenidos, activación de voz para escuchar lo que decía el blanco o sus acompañantes, capturaba sonido ambiente y las conversaciones. Además, habían dos computadoras integradas al sistema, de las cuales una estaba en manos de Martinelli.

El sistema tuvo un costo de $13.4 millones y se adquirió de la empresa M.L.M. bajo el contrato ‘equipo, instalación, entrenamiento y mantenimiento del equipo tecnológico y de seguridad', que fue justificado como una compra para ‘necesidades de interés social y mejorar la calidad de vida de personas necesitadas', según describe el documento en el que se basa la Fiscalía de Estados Unidos para solicitar la extradición a Panamá.

El argumento es extenso y minucioso en cuanto a la forma secreta en que se mantenía este sistema, hasta los cables se colocaron en los ductos del aire acondicionado del edificio para evitar sospechas.

BLANCOS ESPECÍFICOS

Cada agente tenía asignado un blanco que monitoreaban con el Pegasus y hacían reportes diarios que incluían lo que discutía y con quién se reunían. Estos reportes se proporcionaban en forma independiente a los regulares del CSN que contenían información sobre la seguridad nacional.

Incluso señala que en ocasiones Martinelli le solicitaba a Rodríguez que le grabaran la información requerida en un disco compacto. A veces instruía que se hicieran públicos en redes sociales y otros canales informales las conversaciones escabrosas y de corte íntimo e incluso sexual de quienes él consideraba oportuno. Trámite que se hacía desde lugares comerciales, para no dejar huella.

El ‘jefe' entregaba bonos de $2 mil a William e Ismael en forma de recompensa por el "buen trabajo".

El informe también muestra como Martinelli hacía uso de esa información y reseña que en una ocasión le reclamó a Erasmo Pinilla, entonces magistrado del Tribunal Electoral, por un intercambio de correos con miembros del Partido Revolucionario Democrático, que despidió a su abogado Rosendo Rivera por "hablar con un tercero", y que en televisión solía presumir de que tenía "el expediente y pedigrí" de todo mundo en Panamá.

Cuando culminó su mandato, los encargados de hacer las grabaciones removieron el equipo. Lo único que quedó como evidencia de estos delitos fue una computadora a la que borraron la información, que se recuperó gracias a un trabajo forense.

El fiscal que alegará por el Estado panameño, también sabe que el rastro del aparato llevó a las autoridades hasta la sede en Monte Oscuro del Súper 99, uno de los mayores negocios de Martinelli que ahora espera su incierto futuro, con uniforme de preso. Te lo cuenta Adelita Coriat, desde Miami

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EL ESTADO YA HA PAGADO POR VIOLAR COMUNICACIONES


Las itnerceptaciones telefónicas y su divulgación en los medios no son cosa nueva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó precedente con el caso de Santander Tristán Donoso, quien demandó al Estado por haber interceptado su teléfono y divulgado la conversación telefónica.

En aquella ocasión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.

Ordenó al Estado panemeño pagar una indemnización al abogado además del reintegro de los gastos que adquirió el jurista en el caso.

Las privacidad en las comunicaciones es un derecho inalienable. Ejemplos que evidencian la importancia de mantener estos datos bajo reserva pueden observarse en la reciente pelea legal entre el FBI y Tim Cook ejecutivo de Apple, cuando el primero, por asuntos de seguridad nacional, solicitó los datos uno de los atacantes del tiroteo en San Bernardino, California, en el que el 2 de diciembre murieron 14 personas.

El FBI trató de pasar sobre el derecho a la privacidad del homicida, pero se topó contra el gigante tecnológico que se opuso a proporcionar la información a la agencia investigadora ante el temor de que la vida privada de sus usuarios se preste para un espectáculo público.

El expresidente Ricardo Martinelli está acusado de los supuestos delitos contra la inviolabilidad del secreto y e derecho al a intimidad, así como contra la administración pública en forma de peculado.

Estos delitos en Panamá tienen penas de 4 años por interceptar los teléfonos sin autorización, por el delito de seguimiento y vigilancia sin autorización se contempla una pena de prisión de 4 años, por el delito de pecualdo otros 10 años de prisión con una agravante de 3 años más. Así lo detalla la acusación del Fiscal que realizó la investigación en el caso en mención, Harry Díaz.

El año pasado el gobierno solicitó la extradición de Ricardo Martinelli auto exiliado en Estados Unidos desde enero 2015.

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