Nacional 14/10/2018 - 12:00 a.m. domingo 14 de octubre de 2018

Exministro ‘Pepe' Suárez, detenido por caso ‘Blue Apple'

Suárez, quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, fue ubicado en su residencia en Clayton

Guadalupe León Barría
gleon@laestrella.com.pa

La noche del viernes fue detenido por las unidades la Policía Nacional el exministro de Obras Públicas (MOP) José Federico ‘Pepe' Suárez, en cumplimiento a la orden de conducción de la Fiscalía Sexta Anticorrupción por el caso Blue Apple Service (BAS).

Una vez culminada la indagatoria, Suárez, quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, fue ubicado en su residencia en Clayton. El pasado miércoles, el Juzgado Octavo le negó al extitular del MOP una fianza de excarcelación.

El exfuncionario habría recibido $330 mil de la sociedad Blue Apple Service Inc., que recolectó $40.6 millones en coimas o sobornos a empresarios que mantenían contratos con el Estado, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía.

Esta misma organización criminal desvió fondos a través de cinco jurisdicciones internacionales: China, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos y Suiza, para los beneficiarios finales.

En un comunicado al país emitido el 15 de enero de 2018, el Ministerio Público informó hechos investigados en el caso Blue Apple, que instruye la Fiscalía Anticorrupción por delitos contra la administración pública y contra la seguridad colectiva, por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas.

En total, se han firmado cinco acuerdos de colaboración eficaz, de los cuales tres han sido homologados y validados por la autoridad jurisdiccional, según el comunicado.

El empresario Eduardo Di Bello, director ejecutivo de la empresa Ingeniería REC, S.A., es uno de los que logró un acuerdo de colaboración en enero pasado con la Fiscalía, que lo eximió de ser investigado por el caso Blue Apple.

Di Bello pactó además la devolución al Estado de $1.3 millones producto de pagos irregulares vinculados a los contratos que le había otorgado el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en 2012.

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