Nacional 30/08/2016 - 12:00 a.m. martes 30 de agosto de 2016

Los casos de Martinelli agudizan la crisis en la Corte Suprema

José Ayú Prado intenta hacer un áudito a las oficinas de apoyo a fiscales y magistrados alegando baja productividad

José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia. / Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá

José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Adelita Coriat
acoriat@laestrella.com.pa

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pretende hacer una auditoría a las oficinas de apoyo para magistrado fiscal y de apoyo para el magistrado de garantías con el argumento de su baja productividad.

En una carta fechada el 26 de agosto del año en curso, Ayú Prado da a conocer sus intenciones, que el magistrado Harry Díaz interpretó inmediatamente como una ‘represalia' contra Abel Zamorano y su persona, quienes le dicen las cosas ‘de frente y sin titubeos', indicó.

CARTA DE AYÚ PRADO
  • El presidente de la Corte Suprema de Justicia envió una misiva
  • En la carta reclama el poco o nulo trabajo que han realizado las oficinas de apoyo para magistrados de garantías y de fiscales.
  • Pretende hacer un áudito para conocer el trabajo de estos funcionarios.

Esta no es más que una muestra de la crisis interna que se agudiza en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados se achacan culpas entre sí por el retraso de la solicitud de extradición del expresidente Ricardo Martinelli, y de los procesos que hay en su contra, suspendidos porque no se ha presentado físicamente para hacerles frente.

La ausencia del expresidente en el país impide el seguimiento de los casos en su contra, por tal razón se encuentran suspendidos.

Ante esta situación, Díaz afirma que ‘Ayú Prado sabe que los casos están suspendidos. ¿Qué pretende? quitarles el personal en vez de modificar el Código Procesal Penal para que el procedimiento se aplique contra quienes se autoexilian para evadir la justicia', se pregunta Díaz.

Ayú hizo saber sus intenciones en una misiva dirigida al magistrado Hernán De León, vicepresidente de la Corte, en la cual se refiere a un caso en particular en el que da a entender que hubo muy poca o nula colaboración de las citadas oficinas.

Sin mencionarlo, Ayú Prado se refiere al caso del diputado Samuel Bennet, absuelto, a quien se le levantó causa penal: ‘se solicitó y logró el levantamiento del fuero penal electoral, la causa fue admitida, ante el magistrado de garantías se realizó la imputación de cargos y luego se formuló la acusación, ante el Tribunal de Juicio se solicitó condena, y el proceso penal concluyó con la decisión mayoritaria de absolver sin que se haya presentado reconsideración', se detalla en el proceso.

Luego, Ayú Prado esgrime que lo anterior se hizo sin la colaboración de la oficina de apoyo para magistrado fiscal, y que hubo otras instituciones que ayudaron en el caso. Por ejemplo, la de la Procuraduría, de la Policía Nacional y de la Unidad de Análisis Financiero. Con esto da a entender que el aporte de la oficina de apoyo fiscal fue casi nulo.

Como consecuencia, propone una auditoría a estos despachos y que se presente al pleno para su ilustración, y ‘hacer los ajustes que sean necesarios y conseguir el apoyo logístico que requieran'.

En el último de los cinco párrafos de la carta, Ayú Prado hace alusión a la limitación del recurso humano y económico que enfrenta el Órgano Judicial, lo que podría interpretarse como una reducción de personal en estas oficinas que beneficiaría indirectamente al expresidente Ricardo Martinelli.

HARRY DÍAZ

‘¿Qué pretende? ¿Quitarles el personal en vez de modificar el Código Procesal Penal para que el procedimiento se aplique contra quienes se autoexilian para evadir la justicia?'

MAGISTRADO DE LA CORTE

Según pudo conocer este diario, lan oficinas de apoyo al fiscal están integradas por varios colaboradores, aunque no todos son nombrados por el Órgano Judicial.

En algunos despachos hay miembros del Ministerio Público o de la Unidad de Análisis Financiero.

En la oficina del magistrado Oydén Ortega, por ejemplo, laboran seis personas y en la de Díaz, tres.

Recientemente, Díaz sostuvo un intercambio de opiniones con Ayú Prado, quien justificó el nombramiento de cerca de 300 jueces sin que se siguiera el proceso indicado en la carrera judicial aprobada en agosto de 2015, por la falta de fondos asignados a la carrera judicial.

Díaz defendió que ‘esa era la peor mentira que se ha dicho. La implementación de la Carrera Judicial requería de diez millones y el presupuesto real para el Sistema Penal Acusatorio en el Órgano Judicial era de cien millones. La diferencia es notoria', recriminó.

En la misma carta aclaratoria, Díaz recordó que la carrera judicial tenía fondos asignados, pero ‘lo que señala Ayú Prado es que prefirió (asignar fondos) al Sistema Penal Acusatorio'.

Harry Díaz concluyó su nota asegurando que no hubo voluntad real de implementar la Carrera Judicial por parte del presidente de la Corte, José Ayú Prado.

 

 

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