Columnistas 04/03/2018 - 12:01 a.m. domingo 4 de marzo de 2018

La tolerancia en la política

 La historia refleja que las normas democráticas son vulnerables a la polarización. 

Rafael Carles
opinion@laestrella.com.pa

El presidente Varela ni ninguno de sus antecesores destruyeron la República. Suponerlo sería injusto. Nuestras instituciones democráticas están débiles por otras razones. Los problemas que enfrentamos son más profundos que las personas o los Gobiernos. Si bien la forma de gobernar de Varela ha alimentado la crisis de nuestro sistema político, él es un síntoma y no la causa.

Los panameños tomamos la democracia muy a la ligera, a pesar de que no existe nada intrínseco en nuestra cultura democrática que nos inmunice contra su colapso ni garantice su supervivencia. Si existiera, no hubiera colapsado en 1968.

Para funcionar bien, las instituciones democráticas deben regirse por dos normas básicas o reglas no escritas. La primera es la tolerancia mutua, en la que los políticos aceptan a sus oponentes como legítimos. Cuando existe tolerancia mutua, reconocemos que nuestros rivales políticos son ciudadanos leales que aman a nuestro país igual que nosotros. La segunda norma es la tolerancia en el ejercicio del poder, que consiste en hacer lo correcto y no simplemente actuar en función de un derecho legal.

Raramente pensamos en la tolerancia en la política, y sin embargo la democracia no puede funcionar sin ella. Considere lo que un presidente pudiera hacer legalmente en virtud de lo que la Constitución le permite. Podría decretar indultos por delitos políticos y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes, socavando así la decisión de un juez. Podría utilizar ilimitadamente dineros de su partida discrecional, esquivando así la instancia del control previo. Podría crear subsidios y privilegios, creando así ventajas para grupos específicos. Con una mayoría en la Asamblea, podría nombrar allegados en la Corte Suprema. O con una agenda legislativa estancada, podría gobernar con decretos ejecutivos. Y la Constitución no prohíbe explícitamente ninguno de estos actos.

O considere lo que la Asamblea podría hacer. Según la Constitución, podría rechazar de manera tajante el presupuesto del Estado, obligando así la prórroga indefinida del presupuesto anterior. Los diputados podrían bloquear las nominaciones del Ejecutivo y evitar que el presidente nombre las vacantes de la Corte Suprema. Y una mayoría de la oposición en la Asamblea podría acusar al presidente virtualmente por cualquier motivo.

Por lo tanto, el sistema constitucional requiere tolerancia. Si nuestros líderes despliegan sus prerrogativas legales sin moderación, podrían provocar una grave disfunción e incluso una crisis constitucional. Mark Tushnet, un profesor de Derecho en Harvard, llama a ese comportamiento ‘hardball' constitucional, explotar la letra de la ley para quebrantar su espíritu.

Si analizamos cualquier democracia que haya fallado en el mundo, encontraríamos ‘hardball' constitucional. La historia refleja que las normas democráticas son vulnerables a la polarización. Aunque la polarización es saludable y necesaria para la democracia, la polarización extrema puede matarla. Cuando un país se divide en bandos partidistas con visiones distintas y diferencias irreconciliables, la rivalidad política se deforma en odio partidista. Las partes llegan a verse mutuamente no como rivales legítimos sino como enemigos peligrosos. Perder deja de ser una parte aceptada del proceso político y en su lugar se convierte en una catástrofe. Cuando eso sucede, los políticos se sienten tentados a abandonar la tolerancia y ganar a cualquier precio.

Así es como la democracia murió en 1968. Muchos años antes del golpe, la tolerancia mutua se había erosionado y los partidos políticos habían adoptado una estrategia de ganar a toda costa. Panamá hoy no está al borde de un golpe militar o de un juicio político, pero nuestros partidos están más polarizados que nunca antes. Este odio visceral que desarticula nuestras normas democráticas inició mucho antes de la elección del presidente Varela. Ya durante la presidencia de Endara, sus enemigos políticos lo atacaron de antipanameño. Y después, en el período de Moscoso, lo rechazaron cuando lo nominaron para la Corte Suprema.

La democracia panameña tiene actualmente serias debilidades que incluyen una sociedad civil sin metas, medios de comunicación entregados, un poder judicial roto, una Corte Suprema arrastrada, una Asamblea corrupta y un Estado de derecho cuestionable. Los pilares que debieran proteger nuestras instituciones están en escombros. El presidente Varela ha acelerado este derrumbamiento, pero no lo inició. La intensificación de la polarización, impulsada por una politiquería oportunista y clientelista, está convirtiendo al ‘hardball' constitucional en la nueva norma de la política criolla.

Las lecciones de la historia son claras. La polarización extrema destruye hasta las democracias más fuertes y Panamá no es una de esas. Por eso, mientras no superemos nuestras cada vez más profundas animosidades partidistas, la democracia panameña seguirá en peligro, con o sin el presidente Varela.

EMPRESARIO

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