Columnistas 12/02/2018 - 12:02 a.m. lunes 12 de febrero de 2018

Salida de Bolivia al mar (I)

Primer Foro Internacional ‘Bolivia y su salida al mar', Auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá,del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2010

Julio Yao Villalaz
opinion@laestrella.com.pa

Primer Foro Internacional ‘Bolivia y su salida al mar', Auditorio de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2010. Fragmento de conferencia.

Ante la extrema brevedad del tiempo concedido para comentar una problemática compleja como lo es la cuestión de Bolivia y su salida al mar, expresamos nuestro asombro de que una controversia que surgió, evolucionó y ha ido de tumbo en tumbo desde hace 131 años, sea objeto apenas hoy de un Primer Foro Internacional. Esto da cuenta del olvido, del abandono, de la orfandad en que se ha encontrado Bolivia en su calvario con un Chile que no ha manifestado interés en exponer y menos limar las aristas oscuras de su ilegal ocupación y apropiación de una vasta porción de territorio boliviano.

Chile no aparece como víctima sino como victimario, y los agresores por definición no gustan que se hable de sus felonías. Por eso los voceros y defensores oficiosos del violento despojo, al pedido boliviano de justicia, responden arrogantemente: ‘¡Pacta Sunt Servanda!'. Es decir, los tratados son de obligatorio cumplimiento, y punto.

Lo dijeron hace 131 años y lo continúan diciendo en el siglo 21: ‘¡Pacta Sunt Servanda!'. Pero, ¿acaso no pueden revisarse o abrogarse los tratados que encadenen para siempre a unos Estados con otros, cuando son fruto del uso ilegítimo de la fuerza?

Los tratados violatorios del derecho internacional, especialmente los que contradicen normas que tienen el carácter de Jus Cogens , no son obligatorios y pueden ser anulados. Algunos tratados desiguales, impuestos por una potencia ocupante a un país ocupado, como los de Estados Unidos con Panamá posinvasión y el tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, no tienen validez legal y pueden ser denunciados unilateralmente.

Hemos sido siempre partidarios de una salida al mar de Bolivia, mas no en las condiciones que ofrece Chile sino como reconocimiento de la razón que esgrime Bolivia y por un sentido elemental de justicia. Bolivia no debe recuperar sus patrimonios ni su acceso al mar como dádiva del vecino país, sino porque es su legítimo dueño. El Movimiento Continental de Unidad Latinoamericana, del que fui vicepresidente ejecutivo, expidió declaraciones anualmente a favor de Bolivia entre 1975 y 1993 en cónclaves continentales y subregionales.

Pero la justicia que necesita Bolivia no cae del cielo: hay que luchar denodadamente por ella. No existe un tribunal internacional ni negociadores ni árbitros ni mediadores que de manera oficiosa impartan justicia a menos que nuestras razones sean puestas a su consideración y sean escuchadas, atendidas y apoyadas por un amplio auditorio que ayude a incorporarlas en acuerdos aceptables. Y esas razones deben contener y transmitir la fuerza del derecho, para derrotar las mentiras de la contraparte basadas en su ‘derecho' a la fuerza.

El derecho internacional no se acata siempre, pero sin el mismo no pueden existir los Estados, particularmente los débiles. Al derecho internacional se deben los revolucionarios que luchan por la liberación; los Estados que antes eran colonias y fideicomisos; las repúblicas que luchan por su independencia y su integridad territorial; las poblaciones que defienden sus derechos humanos. Por esa razón, el derecho internacional debe ser el marco de referencia de la diplomacia. Sin el derecho internacional, no poseeríamos los panameños el Canal interoceánico ni el mundo hubiese votado unánimemente en contra del bloqueo a Cuba. Claro que las grandes potencias imperialistas no lo necesitan y lo esquivan cada vez que quieren, como lo hizo EE.UU. cuando, a raíz del incidente del 11 de septiembre, su presidente declaró que, en su lucha contra el ‘terrorismo', no reconocería obligaciones internacionales ni soberanías, y que se desvinculaba de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados.

El presidente George Bush justificó la invasión del 20 de Diciembre de 1989 a Panamá, pretextando que las Fuerzas de Defensa habían maltratado a un oficial de la Marina de EE.UU. y a su esposa, dos días antes. Hubo un desmentido de la noticia al día siguiente, pero la maquinaria bélica se había echado a andar mucho antes y cayó sobre Panamá dos días después. Es decir, que en apenas dos días se juntó toda la parafernalia infernal sobre Panamá, que costó 7000 muertos y más de 750 millones de dólares, y fue la proyección militar más grande de EE.UU. después de la Guerra de Vietnam, contra nuestro país, que ni siquiera tenía radares ni defensa antiaérea.

EL AUTOR ES ANALISTA INTERNACIONAL, EXASESOR DE POLÍTICA EXTERIOR Y DIPLOMÁTICO DE CARRERA.

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