Columnistas 08/08/2017 - 12:00 a.m. martes 8 de agosto de 2017

¿De quién es la culpa del desastre del transporte?

A nadie se investigó, a pesar de que se conocían sus culpables, que sus buenos millones se llevaron.

Guillermo A. Cochez
opinion@laestrella.com.pa

El transporte público sigue siendo uno de los talones de Aquiles de los últimos Gobiernos. Con la compra de los diablos rojos en el Gobierno anterior, que pretendía atenuarlo, terminó siendo una gran piñata donde hubo muchos millones perdidos. A nadie se investigó, a pesar de que se conocían sus culpables, que sus buenos millones se llevaron.

En el actual Gobierno, por una de las insensateces que lo han caracterizado, el presidente Varela confió el sector transporte a su copartidario de Santiago de Veraguas, el diputado Carlos Santana. Este, como si fuera un predio privado, nombró a su gente, comenzando con su abogado personal Julio González, a quien designaron director general de la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre. Buena gente, pero sin equipo y mucho menos preparación para el trabajo confiado. Siguió la politización de un cargo que debe ser eminentemente técnico y profesional.

La ineficiencia lo demuestra su manejo de los buses piratas, multiplicados en su gestión, el desorden de los taxis, cuyos cupos —que no deberían costar nada— en el mercado negro oscilan entre B/2500 y B/25 000, ondeando un gran desorden en el sector. A esto se suma la indecisión frente a la necesaria pero no regulada plataforma Uber. Todo el sector está así: vuelto un desorden absoluto.

Hay piqueras de taxis con más de 7000 cupos, en manos de extranjeros, que es algo ilegal. Nadie protege a los taxistas locales frente a lo que podría ser una explotación irregular. No se les ocurre organizar a los transportistas con facilidades crediticias en el Banco Nacional o la Caja de Ahorros que les impidan quedar en manos de inescrupulosos a los que solo les preocupa lo que obtienen de ganancia y promover su inclusión en plataformas digitales para que compitan con Uber y mejoren su servicio y rentabilidad.

No se les ocurre organizar a los piratas para que, una vez concluida la línea 2 del Metro, puedan convertirse en los suplidores de pasajeros de las barriadas que llegarán a utilizar el nuevo metro. No se les ocurre poner orden en Uber, donde cada vez son más los que se meten en la plataforma sin tener siquiera los 25 años que requiere la ley para este trabajo, carecen de seguro contra terceros y no pagan ni un céntimo de impuesto como lo hacen los demás transportistas, permitiendo que ahora se convierta en negocio para algunos, muchos extranjeros, adquirir vehículos para que otros los conduzcan.

Si el transporte no hubiese sido utilizado como herramienta política del Gobierno arnulfista, que a veces confunde el país con su partido, este importante sector estaría mucho mejor. El transporte en manos partidarias no es la solución; promueve más el caos y la anarquía. Requiere de manos profesionales y técnicas, que de seguro hay en Panamá, para que de una vez por todas nuestro país pueda disponer de un sistema de transporte colectivo y selectivo seguro y confiable, servicio que utilizan los más necesitados que carecen de otros medios de transporte y que serviría para mejorar el tráfico en la capital.

Si el país se hubiese dirigido con la brújula del desempeño en función de las necesidades populares, no tendríamos instituciones como la ATTT así, modelo de gestión que se repite en otras entidades hoy politizadas como la Lotería Nacional, la Autoridad Marítima, el Aeropuerto de Tocumen, Pandeportes, de donde salen las grandes donaciones y proyectos encubiertos de los diputados. Paremos de contar, porque la lista sería más larga.

ABOGADO Y POLÍTICO.

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