Columnistas 04/03/2018 - 12:00 a.m. domingo 4 de marzo de 2018

Los privilegios del Consejo de Seguridad

Los policías deben estar en sus cuarteles cuidando la vida y bienes de quienes habitan este país. 

Samuel Lewis Galindo
opinion@laestrella.com.pa

G ran controversia ha causado en la comunidad la iglesia, que por medio millón de dólares, está construyendo, dentro de sus instalaciones, la Policía Nacional. Como católico me complace mucho que se levanten iglesias que fortalezcan nuestra fe. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que Panamá es un país laico, por lo cual hubiera sido más prudente seguir el ejemplo de muchos hospitales que tienen pequeñas iglesias o capillas ‘no sectarias' donde las personas puedan orar o meditar. Igualmente los buques grandes de pasajeros tienen horarios para darle oportunidad a las personas de distinta fe de asistir a sus servicios religiosos.

La preocupación ciudadana debe ser, no por la construcción de una iglesia, sino por otras razones muy importantes que constituyan un grave peligro para el futuro del país y que representan que el Consejo de Seguridad participe en actividades políticas. Ellas son, entre otras, las siguientes:

1. Injerencia en los asuntos políticos (se ha dicho públicamente muchas veces que en las reuniones que frecuentemente sostiene el presidente Varela con los representantes del Consejo es donde se toman las decisiones importantes. Los ministros solo ejecutan las órdenes).

2. El número exageradísimo de comisionados y subcomisionados, cuyo número de miembros sobrepasa los 200, sigue en aumento casi mensualmente.

3. Hacen lo que a bien quieren, compran, venden, ofrecen recompensas, y cuentan, además, con muchísimos fondos que les son proporcionados por el Gobierno nacional sin que el contralor los investigue. Son entes totalmente autónomos e intocables.

4. Disfrutan de una jubilación especial. Se retiran con el último salario y muy pocos años de servicios, privilegio que no tienen otros funcionarios (esa medida es claramente inconstitucional). En ese sentido hemos retrocedido 20 años. El expresidente Dr. Pérez Balladares, con gran valentía, terminó con las jubilaciones especiales que en su momento existían (yo cooperé con él en el esfuerzo exitoso que se hizo).

5. Los integrantes del Consejo de Seguridad (Senan, Senafront y Policía) cuentan con más de 35 mil unidades, más de 15 mil que en el Gobierno anterior (la fuerza militar de Noriega era de 13 mil unidades).

El Gobierno del expresidente Guillermo Endara anuló el G2 de los militares y creó en su reemplazo el Consejo de Seguridad, pero con muchas limitaciones y un reglamento muy detallado de sus funciones. También logró la abolición de la temible policía secreta y en su lugar creó el SPI. Hay que acreditarle a él y, muy especialmente, a Ricardo Arias Calderón, el haber abolido el ejército y crear en su lugar el cuerpo de Policía Nacional. Se estableció que el jefe de la Policía Nacional sería un civil. Ebrahim Asvat fue el primero; después con el presidente Pérez Balladares ocupó el cargo José Luis Sosa. Mireya Moscoso encargó a Toty Barés de ese alto puesto. Fue el último civil en ocupar esa posición. El expresidente Martín Torrijos logró cambiar la ‘Ley Endara' y nombró como jefe de la Policía Nacional al comisionado Francisco Troya, un militar de carrera perteneciente a las antiguas Fuerzas de Defensa. Los gobernantes que siguieron nombraron jefes de la policía a militares. En la actualidad ocupa dicho cargo el comisionado Omar Pinzón.

Hay muchos militares que salieron de sus cuarteles y encabezaron Gobiernos autocráticos. Los civiles demoraron años en recuperar el poder. De allí el peligro de dejarlos participar en la vida política del país. En el futuro, cuando llegue a la Presidencia de la República otra persona que no sea el actual presidente Juan Carlos Varela y no requiera la participación en los asuntos políticos de los miembros del Consejo de Seguridad, existe la posibilidad —Dios no lo quiera— de que se declaren en rebeldía. Los arnulfistas siempre se han opuestos al militarismo. Hoy, los varelistas, al menos gran parte de ellos, son sus aliados más entusiastas. ¡Qué contradicción!

Los policías deben estar en sus cuarteles cuidando la vida y bienes de quienes habitan este país. El Senan y el Senafront deben cuidar nuestras fronteras y combatir el narcotráfico, pero jamás ninguno de ellos debe inmiscuirse en las políticas del Estado, para eso están los partidos políticos.

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