Columnistas 26/06/2017 - 2:10 p.m. lunes 26 de junio de 2017

Panamá, Estados Unidos y el narcotráfico

El flagelo de las drogas es un problema principalmente de Estados Unidos que continúa siendo el primer país consumidor de cocaína en el mundo

Antonio Saldaña
opinion@laestrella.com.pa

Con motivo de la reciente visita del Presidente de Panamá a Estados Unidos –no sabemos sí invitado o a solicitud de parte- una vez más el “secretismo” gubernamental ha sido la tónica prevaleciente y en virtud de ello la legítima preocupación de los panameños con relación a los “compromisos” que pudieran derivarse de la entrevista Varela/Trump. Para contrarrestar las especulaciones, el gobierno ha dicho que dentro de los principales temas de la “agenda”, estuvieron los de seguridad y el narcotráfico y, con relación a este último, el argumento presidencial y de algunos medios de comunicación social nacionales es el supuesto incremento de la producción de drogas en Colombia.

Con respecto de la producción y tráfico de estupefacientes debemos convenir que la región de Centroamérica y el Caribe sigue siendo una de las principales zonas del recorrido de las drogas ilícitas procedentes de los países productores de la región andina (particularmente de Colombia) a los mercados de destino final de los Estados Unidos y, en menor medida, Canadá y Europa. Los Estados Unidos comunicaron que, en 2014, el 87% de la cocaína introducida en el país había transitado por Centroamérica y México y alrededor del 13%, por el Caribe (Puerto Rico y la República Dominicana).

Por su parte la República de Panamá aumentó, en el año 2015 aproximadamente un 32% con respecto al 2014, la incautación de cocaína y las confiscaciones de cannabis han ido en crecida desde el 2013.

Desde hace varios años, los mayores decomisos de cocaína en Centroamérica y el Caribe se han realizado en Panamá. En mayo de 2016, Panamá promulgó la Ley No. 14, que regula las actividades y el uso de sustancias controladas para fines médicos y/o científicos, específicamente los estupefacientes y sustancias sicotrópicas incluidos en las Listas de la Convención de 1961 y el Convenio de 1971.

Adicionalmente, dos de los estamentos de seguridad –SENAFRONT y SENAN- del país están dedicados mayormente al combate del narcotráfico y se cuenta con varias “estaciones aeronavales” (bases militares) en todo el istmo, con el mismo propósito.

Sin embargo, el flagelo de las drogas es un problema principalmente de Estados Unidos que continúa siendo el primer país consumidor de cocaína en el mundo. Estas calificaciones sobre EEUU se exponen en el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), cuerpo judicial establecido por la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y adscrito a la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU.

Por otro lado, se ha informado que una de las conclusiones de la visita de Varela a Washington ha sido “fortalecer” el esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico, aspecto que será tratado “puntualmente” en medio del arribo al Istmo en el mes de agosto del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Parafernalia antidroga basada en una fabulosa información distribuida al mundo –y “comprada” por el Presidente panameño- por el Departamento de Estado de los Estado Unidos, denominada “Reporte sobre la Estrategia contra los Narcóticos 2017”, donde se señala que hay un “dramático aumento en la producción de coca y cultivos ilícitos en Colombia en el año 2017”, pero que no incluye estadísticas sobre este incremento, para justificar la engañosa información cita cifras de JIFE de 2014-2015. Lo real es que en junio de 2016 se llegó a un acuerdo de alto al fuego entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Uno de los pilares del acuerdo se refería a cuestiones relacionadas con las drogas y los delitos conexos, en particular el desarrollo alternativo y la reducción de la producción de drogas.

De manera que es absolutamente falso el incremento del cultivo de coca y elaboración de cocaína en Colombia, en el último año. Como también es injustificable -después de todo lo que hace Panamá, sacrificando enormes recursos que debiera dedicar a atender problemas sociales, para combatir el tráfico de droga hacia Estados Unidos, principal centro consumidor de estupefaciente- utilizar el subterfugio de “fortalecer” acciones entre ambos gobiernos o de manera multilateral contra el tráfico de alucinógenos, con el propósito de instalar bases militares, llámese CMA u otra denominación, que lesionarían, sin lugar a dudas, la soberanía, la dignidad y el decoro nacional. ¡Así de simple es la cosa!  

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