Columnistas 15/11/2017 - 12:00 a.m. miércoles 15 de noviembre de 2017

Nuestra delación premiada a la vista de todos

Es un detalle importante, por controversial que sea, que no se puede ignorar, si queremos ser objetivos

Mireya Lasso
opinion@laestrella.com.pa

No es la primera vez. Recordemos que un magistrado de la CSJ y el fiscal especial de la Asamblea propusieron al Tribunal de Garantías una pena rebajada a 5 años de prisión cuando el acusado aceptó su propia responsabilidad penal. Llámese como sea, ‘colaboración eficaz' o ‘delación premiada', se trata de lo mismo: la persona confiesa su culpa y rinde testimonio que sirve para poder descubrir el entramado que posibilitó el delito cometido o identificar cómplices. Por su testimonio ‘eficaz' se beneficia con la rebaja de pena.

El acuerdo negociado convierte ese testimonio en prueba legalmente ‘útil' que permite construir un caso robusto para luego llevarlo a juicio final. Ese acuerdo debe ser aprobado —‘homologado'— por el juez de Garantías, que es un tercero no involucrado en el aspecto de culpabilidad o inocencia, quien debe asegurarse de que las condiciones legales previas se cumplieron fielmente. Libre de polvo y paja, así lo entiendo: no se trata en esta etapa de declarar culpable a nadie sino de convencer al juez de que el testimonio aportado es ‘útil' y que el testigo lo acordó voluntariamente.

Precisamente la revista The Economist, en su reciente edición del 11 de noviembre, publica un artículo sobre la práctica común de estos arreglos negociados. Se aceptan en 66 países del globo terráqueo: Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Chile, India, Guatemala, Australia, por mencionar países en cinco continentes. La revista reporta que en Australia, Inglaterra y Rusia 60 % de casos penales se resuelven bajo este método; en Estados Unidos solo el 3 % de los delitos federales va a juicios ordinarios.

Ese efecto favorable es la disminución de la carga sobre el trabajo de los fiscales. Ahorra tiempo, esfuerzos y recursos para ser dedicados a casos que se hacen más difíciles por actitudes recalcitrantes de los investigados que no tienen incentivos para cooperar. Se puede rebajar el inventario de casos por faltas menores que tienden a consumir valioso tiempo de fiscales y jueces en detrimento de causas más importantes que preocupan a la sociedad. Resulta común escuchar de violaciones a los derechos humanos cuando se mantienen en prisión a personas que aún no han sido enjuiciadas, inclusive siendo privadas de libertad por periodos mayores al que correspondería a las penas máximas en caso de ser eventualmente condenadas.

Otra ventaja: es herramienta eficaz en la lucha contra el crimen organizado, sea narcotráfico, corrupción o lavado de dinero, por cuanto ofrece rebaja de penas a cambio de evidencias detalladas contra los cómplices que sirvan para desarticular bandas que operen dentro o fuera del país.

Una desventaja: los abusos al amenazar con exagerados castigos para presionar a personas inocentes, quienes, para obtener su libertad rápidamente, acepten falsamente la comisión del delito acusado. Sucede más comúnmente de lo que imaginamos: cientos de acusados que se han declarado culpables, resultando posteriormente inocentes por pruebas de ADN. Peor aún es cuando los acusados inocentes puedan tener razones fundamentadas para no confiar en el sistema judicial.

Fuimos testigos en nuestros hogares de la aplicación de este sistema cuando el juez de Garantías se pronunció sobre lo acordado con delincuentes confesos brasileños; los libera de ser sancionados acá. De seguro habrá opiniones encontradas sobre la sabiduría y justicia de la decisión, pero recordemos que esos testimonios hubieran tardado meses o años en lograr ser incorporados a los casos panameños. Es un detalle importante, por controversial que sea, que no se puede ignorar, si queremos ser objetivos. Como todo experimento humano, tiene sus virtudes y riesgos; nosotros debemos prestarles atención para aprovechar lo bueno y evitar peligros que señala la publicación citada.

EXDIPUTADA

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