Columnistas 11/08/2018 - 12:01 a.m. sábado 11 de agosto de 2018

No limitemos la movilidad urbana

Se requieren múltiples medios de transporte, múltiples opciones para el ciudadano.

Jaime Raúl Molina
opinion@laestrella.com.pa

Ahora que en la ciudad de Panamá tenemos un incipiente sistema de Metro, podemos comenzar a soñar con algún día tener un sistema de transporte público completo y funcional. Pero falta aún mucho para eso y, en todo caso, ningún sistema de transporte público urbano funciona con solo un tipo de medio para transportar a las personas. Se requieren múltiples medios de transporte, múltiples opciones para el ciudadano. Algunas políticas públicas, sin embargo, pueden inhibir el desarrollo de esta flexibilidad y opcionalidad para el ciudadano.

El proyecto de las aceras que tiene la Alcaldía de Panamá, es un paso importante en la dirección correcta. Efectivamente, sin aceras adecuadas —y las que hemos tenido por décadas en la ciudad no lo son— no hay sistema urbano de transporte que funcione. Independientemente de qué modalidad de transporte use el ciudadano, es inevitable caminar por la vía, pues es imposible tener una parada de Metro y de Metrobus para cada establecimiento, casa y edificio, y el paradigma de llegar en carro a estacionar justo enfrente de la puerta de todo destino al que uno va, ha demostrado ser una de las principales fuentes de disfuncionalidad de las ciudades desde la postguerra.

Pero de poco sirve que una mano limpie si la otra mano ensucia. El estado mantiene algunas políticas públicas que son completamente contrarias a las soluciones de movilidad urbana que se requieren. Y un caso importante de esto lo es la política de restringir de forma innecesaria las opciones novedosas de movilidad empleadas por la llamada economía colaborativa, como es el caso de los servicios proporcionados a través de plataformas como las de Uber o Cabify (y en Estados Unidos, otras como Lyft, que aún no llegan a Panamá), restricciones que donde sea que son implementadas, claramente responden a presiones de grupos de interés (los gremios de taxistas) que buscan protección frente a la competencia.

En Panamá el gobierno emitió a fines del año pasado un decreto que si bien reconoce la modalidad de transporte a través de plataformas tecnológicas de la economía colaborativa, les puso zapatos de plomo en varios aspectos imporantes. Uno de ellos es que les prohibió el cobro en efectivo, y estableció que solo pueden operar siempre y cuando el usuario lo pague "exclusivamente de manera electrónica". Esta prohibición está en suspenso hasta inicios de octubre de este año, cuando vence la moratoria dada por el gobierno. Sin embargo, esto necesariamente excluye a la enorme mayoría de la población pues en Panamá solo el 15 % de las personas, aproximadamente, tiene tarjeta de crédito.

Los gremios de taxistas se quejan de que ellos están sujetos a una serie de restricciones como tarifa fija, cupo, color amarillo para los vehículos, y otros. Y en ello tienen gran razón. La tarifa fija aplicable a los taxis es un absurdo que trae como consecuencia el 'No voy'. Si usted fuera taxista y viviera de ello, entendería que no es rentable hacer una carrera de la Calle 50 hacia El Dorado a pleno mediodía un día de semana, cuando dicha carrera le va a tomar probablemente 30-40 minutos, y solo puede cobrar B/1.60, en tanto en ese mismo tiempo usted podría fácilmente hacer tres o cuatro carreras cortas de B/1.20 y generar así aproximadamente unos B/4-5.00. El ‘No voy' es un síntoma, y es consecuencia de, entre otras cosas, una tarifa rígida que no responde a la realidad.

Pero la solución cuando usted cojea, no es dispararse el pie bueno, sino tratar de arreglar el pie que tiene malo. De modo que ante la queja bastante razonable de los taxistas de que tienen restricciones que les cortan las alas para competir en buena lid con las plataformas de economía colaborativa como Uber o Cabify, la solución no es cortar también las alas a estos, sino eliminar las restricciones que tienen aquellos.

El sistema de transporte selectivo debe pasar del paradigma fracasado del cupo, a un sistema de licenciamiento abierto, en que el estado exija unos requisitos razonables mínimos y la licencia sea expedida de inmediato a cualquiera que los apruebe. La idea de que el estado es bueno determinando qué cantidad de taxis debe haber en cada ciudad, es equivocada, como demuestra la experiencia.

Quitemos las amarras tanto a Uber/Cabify y similares como a los taxis, y demos al ciudadano más, y no menos, opciones de movilidad urbana.

ABOGADO

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