Columnistas 15/03/2019 - 12:03 a.m. viernes 15 de marzo de 2019

Harakiri político

La adulteración se cristaliza con el bombardeo en los medios de comunicación, sea a través del internet o los programas en cable

Carlos Augusto Herrera
opinion@laestrella.com.pa

Sabios y consejeros en esta manoseada masa jurídica de la Jurisdicción Electoral, han dispuesto pagar la propaganda electorera con nuestros impuestos, en esta extraña celebración, que con vocinglera estrategia se minimiza el tiempo y se evitan malos corolarios en las desordenadas promociones, dicen ellos. Nuestra sociedad dizque protegida en su privacidad e intimidad que supuestamente resguardan las garantías individuales tácitas en la Constitución y desarrolladas en la ley, sostenidas a su vez por los principios implícitos en nuestros valores que gravitan de acuerdo con la necesidad de cada conglomerado definido, pero que al igual resulta una quimera.

La adulteración se cristaliza con el bombardeo en los medios de comunicación, sea a través del internet o los programas en cable, abrumadas con insolentes propagandas preñadas de las mentiras de cada día o de noche, que inundan en la privacidad de nuestra estancia, en reuniones en la oficinas o los hogares que, convertidas en intrusos, debemos soportar. Para lo expuesto, se han armado de la ley y los vacíos pactos éticos entre los combatientes electorales. Los más extremos proponen notariar las promesas, pero en esta amalgama diseminada entre partidos y los refulgentes independientes que, mal aconsejados, se atrevieron a inscribir a centenares de muertos, menores y de extranjeros que no pueden ejercer de votantes, y menos exhumarse para acudir a estampar el sufragio, para no agregar nada sobre los infantes.

Sin ningún eructo, los postulantes, al sentirse descubiertos, han intentado pasar la página, al igual que el accidentado inconveniente que se debió sellar con una mala palabra en privado (para no decir otra cosa volátil), cuya sonora trascendencia trató de ignorar ante los que oyeron y sintieron, mientras en la opinión pública ha quedado esa enorme mancha extendida de la incredulidad, falsedad, y la mentira diluida entre los asombrados promotores, que sin pudor se atrevieron a levantar al ejército de difuntos para que firmaran esos libros que por su carácter oficial, son documentos auténticos y que por separado mancillan por el irrespeto a la memoria de los difuntos y el honor de los dolientes y que se plasman en delitos.

Lo planteado en el aparte anterior lesionan el contenido del segundo párrafo del artículo 366 del nuestro Código Penal, que se refiere a la falsificación o alteración parcial o totalmente de una escritura pública, documento público o auténtico, o la firma digital informática, de un modo que pueda causar perjuicio con una sanción con prisión entre cuatro y ocho años, contenido en el Libro Segundo, del Título XI, Delitos contra la Fe Pública, Capítulo 1. Falsificación de Documentos en General: ‘Igual sanción se impondrá a quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, siempre que pueda ocasionar un perjuicio a otro'. Sin embargo, siguen con el julepe.

Es probable que en homenaje a la pundonorosidad demostrada por Poncio Pilatos, el quinto prefecto de la provincia romana de Judea entre los años 26 y 36 d. C., en aquellos acontecimientos santos, ahora alguno de los implicados en semejante extravagancia se disponga a denunciar a los adláteres que se atrevieron a falsificar las firmas de los interfectos para tratar de postularse con la aquiescencia de aquellos póstumos, para auscultar esa capacidad de pedir la firma desde el más allá. Esta investigación entre los vivos no parece complicada, si el asunto está en los particulares que palparon los libros electorales con capacidad para halar nombres y cédulas postreras. Vamos a ver la inmaculada trascendencia proyectada de los honrados.

Esto no es una simple charada ante semejante agravio con pertinaz repetición, inclusive en distintos listado de colectores participantes que debieron motivar la desdoro ante el paralelo de la teoría sobre la obediencia debida, en donde la fusión entre el candidato y sus colaboradores íntimos los convierte en responsables de la análoga recabación obstinada de los mismos muertos en distintos libros en varios candidatos, sobre todo, por aquellos de cambias las cosas a mejor.

En el antiguo Japón los samuráis practicaban aquel suicidio ritual denominado por los Kanjis el seppuku, al hurgar sus entrañas con el haraquiri (nominación vulgar), como la gloriosa la muerte por honor frente a la muerte natural por la deshonra provocada por un delito o falta. Esta inmolación la podríamos subsumir en la renuncia a la postulación, al comprobar lo denunciado que ya cabalga por una Fiscalía Electoral.

Señores, si los muertos firman, van a votar también.

ABOGADO

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