Columnistas 17/02/2017 - 12:02 a.m. viernes 17 de febrero de 2017

Después del empacho, el purgante... aunque no nos guste!

Todas las partes deben actuar con voluntad de país y cumplir estas tareas dentro del primer semestre de este año.

Tomás Paredes Royo
opinion@laestrella.com.pa

El momento que atravesamos como individuos, como sociedad, como país, por razón de la corrupción generalizada, pareciera estar llevándonos a un callejón sin salida, donde la anarquía y la sinrazón son los métodos para resolver nuestros problemas. Sin embargo, hoy más que nunca se hace necesario actuar con prudencia, con ecuanimidad y dentro de la institucionalidad, por muy afectada que esta se encuentre, con el propósito de buscar los cambios que requiere el país y queremos los ciudadanos.

Ante la división en la sociedad que genera la falta de confianza pública, se hace difícil llegar a acuerdos, sobre todo frente a un problema tan complejo como la corrupción. No obstante, por considerar que es posible entendernos, ofrezco algunas ideas para el análisis sistémico y el debate amplio, donde todos aportemos para salir de la situación escabrosa en que nos encontramos.

A. Hay que respetar el orden constitucional y los poderes constituidos. La legitimidad del Presidente y su gobierno no está en juego y cualquier gestión para resolver los problemas debe llevarse a cabo dentro del marco jurídico existente y con el liderazgo democráticamente escogido por el pueblo.

B. La Asamblea Nacional debe aprobar una ley que establezca con claridad y contundencia meridiana, que los delitos mayores de corrupción no prescriban y que exista la obligación de devolver las cantidades involucradas, de manera que las investigaciones para "conocer la verdad" y permitir que "caiga quien caiga" no sean víctimas de los tiempos jurídicos y las limitaciones de recursos que siempre existen para estos menesteres.

C. No se pueden paralizar las obras contratadas a ODEBRECHT. No obstante, el gobierno debe evaluar el riesgo que presenta hoy cada proyecto contratado con esa empresa frente a la situación administrativa y financiera por la cual esta atraviesa y hacer sus conclusiones del conocimiento de toda la ciudadanía.

En este ejercicio, mientras se determina si la situación internacional que enfrenta ODEBRECHT afecta su capacidad para cumplir con sus compromisos, el gobierno debe también revisar sus expectativas con respecto al alcance y los tiempos de entrega para cada proyecto, contemplando la posibilidad de ajustes en ambos factores, ciertamente más allá del criterio político para que tal o cual obra se culmine dentro del periodo presidencial corriente.

Frente a la reducida capacidad gerencial actual de ODEBRECHT (no hay ejecutivo importante de esa empresa que no esté involucrado en el escándalo), y tal como lo hizo la ACP frente al problema con GUPC, el gobierno debe determinar los riesgos y costos asociados con un posible reemplazo de contratista por fallas imputables al mismo, con el fin de anticipar y minimizar cualquier paralización y un encarecimiento de las obras.

D. El Estado debe definir las condiciones financieras que aseguren que las obras contratadas a ODEBRECHT no se paralicen por falta de fondos. Hay que buscar la manera de equiparar el flujo de caja de los diferentes proyectos con los términos y condiciones de los financiamientos originalmente contratados para lograr la disponibilidad de fondos y las condiciones que minimicen cualquier riesgo de una falta de recursos.

E. La Asamblea Nacional debe aprobar sin cambios el proyecto de ley 292 presentado por el Tribunal Electoral, tal como fue elaborado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, muy en particular aquellas disposiciones relativas al financiamiento público para la propaganda electoral, la duración de las campañas, el máximo de gastos permitidos y el financiamiento y las donaciones privadas a los candidatos.

F. La Asamblea Nacional debe aprobar el proyecto de ley 305, mediante el cual se reglamentan las contrataciones públicas, introduciendo los cambios necesarios para asegurar que cualquier persona natural o jurídica declarada judicialmente responsable por la comisión de delitos, en Panamá o fuera de nuestro territorio, así como aquellas empresas que tengan abiertas acciones judiciales contra la República de Panamá, por la razón que sea, se vean incapacitadas legalmente para contratar con el Estado.

G. finalmente, concretar la creación de una Comisión Internacional Investigadora, con el apoyo y gestión de la ONU o la OEA, con el fin de que investigue los casos de corrupción en el país, desde el 2004 hasta la fecha. Limitar esta iniciativa solo al caso de ODEBRECHT resultaría pobre, por decir lo menos, para atender las aspiraciones de la ciudadanía y las reformas que requiere el aparato oficial en el manejo de los recursos del Estado, el cual constituye, además de un coladero, una red perfecta para acometer actividades de corrupción y promover el mal uso de los fondos públicos.

Todas las partes deben actuar con voluntad de país y cumplir estas tareas dentro del primer semestre de este año. Esta es nuestra oportunidad como país, este es el momento de inflexión que necesitamos para tener un Panamá más transparente, más equitativo y más digno para todos. Si no es ahora después nos lamentaremos cuando nos digan ‘tarde piaste, pajarito'.

INGENIERO

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