LAS UVAS DE COCLÉ

Fiebre en la costa

El desarrollo turístico ataca al país desde múltiples frentes y en toda guerra la primera baja es la verdad

RICHARD M. KOSTER
periodistas@laestrella.com.pa

PANAMÁ. En la costa de Coclé, donde el río Antón llega al mar, las aguas de la desembocadura han creado una laguna larga y una península que se tira al oeste paralela a la costa. La llaman Las Uvas. A marea baja se puede llegar allí por la playa desde Juan Hombrón, pero de otra manera no es accesible por tierra.

Como no tiene ni agua potable ni fertilidad, no tuvo valor hasta que la fiebre del desarrollo turístico llegara a Farallón. En el verano del 2007, una persona llamada Sonia Álvarez ofreció comprar derechos posesorios en Las Uvas a $3.00 el metro cuadrado. De una vez encontró pescadores dispuestos a sostener que los tenían.

En junio de 2007 Álvarez, Alberto Sudarsky, Roberto Homsany, y Henry Lebowitz, solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas comprar los 31.6 hectáreas de la península a la Nación. Su solicitud mencionó como motivo “un proyecto de villas campestres ecoturísticas” y fue acompañada por 32 “contratos de compraventa de los derechos posesorios de los moradores residentes del área” y “un acuerdo firmado por los poseedores de estas tierras, los cuales las habitan desde hace 39 años”.

Cuando La Estrella visitó la península, al mediodía del 13 de noviembre, era desierta. Patos cuervos patrullaban un mar liso. El único rastro humano era un rancho de cuatro postes con techo de zinc agachado debajo de la llovizna. Imaginar a los 32 supuestos moradores nos hubiera requerido grandes dotes de poeta.

Acceso vial es un requisito para que Catastro otorgue título a base de derechos posesorios. Así es que la solicitud incluía una carta del alcalde de Antón, Roger Ríos, quien solicitaba a Hacienda Santa Mónica “servidumbre vial para dar acceso a la península”.

Hacienda Santa Mónica es una de las propiedades más bellas de Centroamérica —unas 3,000 hectáreas que se extienden de la carretera Interamericana hasta el mar. Fue creada de cinco fincas por el presidente Harmodio Arias Madrid. Allí sembró arroz y crió ganado. Esta la pasó a su hijo Gilberto Arias Guardia, y luego a los hijos de él. Ellos la vendieron al segundo marido de su madre, Wilson Lucom. Lucom pagó las hipotecas y puso la finca a producir, pero en 2005 trató de venderla para que fuera el sitio de la primera “ciudad marca” de América Latina.

Las ciudades marca son comunidades diseñadas a la vez residenciales, comerciales y recreativas. El ejemplo más destacado es Isla Palma los Emiratos Unidos Árabes.

El proyecto, que se llamará Gran Panamá y que valdrá 3 mil millones, contempla un hotel de cinco estrellas, una marina, cuatro canchas de golf, 9,700 residencias, y un centro comercial de 400,000 metros cuadrados.

Generará 10,000 empleos durante la fase de construcción y 5,000 empleos permanentes. Dará beneficios incalculables a la región y el país.

Lucom aceptó un pago inicial de medio millón de dólares, pero murió en junio de 2006 antes de finalizar la compraventa. En su testamento dejó un apartamento de $1 millón y un cuarto de un millón anual a su viuda, pero destinó el grueso de sus bienes a una fundación cuyo propósito es alimentar niños con necesidades en Panamá. La viuda ha instado anular el testamento, y Santa Mónica, la principal parte de la testamentaria, ha quedado enmarañada en la disputa de sucesión, baja administración de la licenciada Marta Cañola, nombrada por el Juez Quinto del Circuito.

Cuando Gran Panamá Internacional abonó medio millón para comprar Santa Mónica, contrató a la Meneren Corporation de Denver, EEUU, para desarrollar y administrar el proyecto. Meneren debe esperar la conclusión del juicio de sucesión para completar la compraventa con el vencedor, y ha quedado alerta a los vaivenes de bienes raíces en Panamá. El 11 de mayo del presente año su director administrativo, Steve Guthrie, recibió un e-mail de un corredor en Panamá ofreciéndole terreno en la playa cerca de Juan Hombrón. Al investigar, Guthrie descubrió que se trataba de la península Las Uvas, que él conoció como parte de la Hacienda Santa Mónica.

“¡Pretendían vendernos terreno que nuestros principales ya contrataron comprar!”, dijo a La Estrella. “Con abono de medio millón de dólares. La laguna es donde pensamos poner la marina, y sin estos kilómetros de playa la propiedad no sirve para el proyecto”.

Aurelio Andrión, hasta marzo de este año jefe regional de Catastro en Coclé, confirmó lo que dijo Guthrie. “No hay compra a la Nación en aquel lugar”, dijo a La Estrella. “La península de Las Uvas pertenece a la finca 7022, que forma parte de la Hacienda Santa Mónica”.

El Registro Público confirma el criterio de Andrión. Establece que el lindero sur de la finca 7022 es “con el Océano Pacífico”.

El alcalde Ríos dijo a La Estrella que Sonia Álvarez había pedido la carta en que solicitó servidumbre a Hacienda Santa Mónica. La escribió para ayudar a los pescadores, quienes son sus constituyentes. La entregó a Álvarez y no a la licenciada Cañola.

Según la licenciada, las tierras en la península de Las Uvas “no son estatales sino propiedad privada que forman parte de la finca 7022, y no existen derechos posesorios sobre propiedad privada”.

Sonia Álvarez y Roberto Homsany no han devuelto llamadas de La Estrella. No hemos podido localizar ni a Alberto Sudarsky ni a Henry Lebowitz. El 8 de noviembre se celebró una reunión de los pescadores quienes habían vendido sus derechos posesorios a Sonia Álvarez. Estaban enojados. Vendían en $3.00 el metro cuadrado, pero cobraron solo 8%. El resto vendría cuando los inversores recibían título del terreno. Se estima una larga espera.

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