Mundo 09/09/2017 - 12:02 p.m. sábado 9 de septiembre de 2017

La Fiscalía presenta una querella contra el presidente de Cataluña

A petición del Ejecutivo central, la justicia española  suspendió ayer cautelarmente la ley catalana que regula el referéndum

Ejecutivo español denunció ayer que la Ley de Transitoriedad hacia la 
"república catalana" implica una "ruptura total y absoluta con el orden 
constitucional establecido", motivo por el que la recurrirá en el TC en 
cuanto sea publicada.. / EFE
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Ejecutivo español denunció ayer que la Ley de Transitoriedad hacia la "república catalana" implica una "ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido", motivo por el que la recurrirá en el TC en cuanto sea publicada..

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La Fiscalía se querelló ayer contra el presidente del Gobierno de Cataluña y sus consejeros, así como contra la presidenta del Parlamento catalán por desobediencia, prevaricación y malversación -delito que implica penas de prisión- en relación con la regulación y convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

El Gobierno español que preside Mariano Rajoy decidió también recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) la denominada "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República" de Cataluña, aprobada anoche por la mayoría independentista del Parlamento de esta región del noreste de España.

A petición del Ejecutivo central, el TC ya suspendió ayer cautelarmente la ley catalana que regula el referéndum y el decreto para convocarlo el 1 de octubre, firmado el miércoles por el presidente regional, Carles Puigdemont, y todo su gabinete.

En una de las querellas, presentadas ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía justifica la inclusión del supuesto delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Gobierno catalán pone en marcha un procedimiento, el referéndum, "que va a generar un importante gasto público".

Respecto a la prevaricación, considera que, con la convocatoria, se pretende la "abierta y deliberada derogación" de la Constitución española.

Y en cuanto a la desobediencia, recuerda que los miembros del Gobierno regional habían sido "especialmente advertidos" del deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional" para impedir la consulta.

Además, el Ministerio Público se querelló contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y los cuatro miembros de la Mesa (órgano de dirección parlamentaria) que permitieron que se tramitara la ley del referéndum, aprobada el miércoles.

Les atribuye también delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", de prevaricación y malversación.

La cámara legislativa regional "no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad", argumentó la Fiscalía.

Asimismo, pidió el cierre de las webs donde se difunde la convocatoria del referéndum con "una apariencia de cobertura legal" y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta.

Precisamente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que su departamento ha pedido a las autoridades catalanas que expliquen la web de promoción del referéndum y el vídeo que anima a votar el 1 de octubre, y justifiquen cómo se han pagado.

Por su parte, el Ejecutivo español denunció ayer que la Ley de Transitoriedad hacia la "república catalana" implica una "ruptura total y absoluta con el orden constitucional establecido", motivo por el que la recurrirá en el TC en cuanto sea publicada.

Tras el Consejo de Ministros de hoy, el portavoz del Gobierno nacional, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió también de que deben atenerse a las consecuencias todos aquellos que colaboren con la organización de un referéndum "ilegal", entre ellos los ayuntamientos catalanes y los voluntarios.

El presidente Puigdemont había comunicado por carta a los alcaldes que está previsto utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales en los comicios ordinarios.

Sin embargo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, paralizó ayer los trámites relacionados con los centros de votación tras la suspensión del TC, a la espera de que el Gobierno regional aclare qué hará para no poner en riesgo al Ayuntamiento y los funcionarios.

Méndez de Vigo insistió en que el Ejecutivo español no renuncia "a nada" frente a las intenciones de los separatistas, aunque las medidas serán siempre proporcionadas, en diálogo permanente con los líderes del Partido Socialista (principal de la oposición española) y de Ciudadanos (liberales).

De momento y después de que el TC haya anulado la ley del referéndum, está claro, según Méndez de Vigo, que serán delito todos los actos preparatorios del referéndum.

"El que participe y colabore en un referéndum ilegal lo sabe y todo el mundo debe aceptar las consecuencias de lo que hace", recalcó. Al Gobierno central tampoco le cabe "la menor duda" de que los Mossos d'Esquadra (policía autonómica de Cataluña) cumplirán la ley y "obedecerán" al fiscal general del Estado.

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