América 22/02/2019 - 7:06 p.m. viernes 22 de febrero de 2019

Nicaragua se alista para reiniciar diálogo con demanda de liberar a detenidos

Brenda Gutiérrez dijo que en las negociaciones "deberían estar presentes las partes afectadas", aglutinadas en el comité

 / Archivo | La Estrella de Panamá
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EFE
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El Gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se alistan para retomar las negociaciones en Nicaragua el 27 de febrero, con la expectativa de conocer la agenda, los garantes y qué pasará con los cientos de detenidos por manifestarse contra el mandatario.

El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua exigió este viernes la liberación de sus familiares como muestra de buena voluntad del presidente Ortega ante las anunciadas negociaciones.

"El Gobierno debe tener voluntad de aceptar las exigencias que el pueblo tiene", dijo a Efe la portavoz del comité, Brenda Gutiérrez.

Gutiérrez dijo que en las negociaciones "deberían estar presentes las partes afectadas", aglutinadas en el comité, así como en la Asociación de Madres de Abril (AMA), que agrupa a familiares de fallecidos, la Unidad Médica, compuesta por galenos despedidos por atender a los manifestantes heridos, y al Movimiento Campesino, que representa a uno de los sectores más perjudicados.

"Estamos peleando un espacio en donde expongamos al presidente la situación por la que estamos pasando y se aborden los puntos de agenda que el comité tiene, si no, de nada sirve el diálogo", señaló.

A su juicio, los 777 manifestantes que se encuentran detenidos por participar en protestas antigubernamentales ya no son "presos políticos" sino "rehenes" del presidente Ortega.

Ni el Gobierno y ni la Alianza Cívica han puntualizado qué pasará con los detenidos antes de instalar la mesa de negociaciones.

Sin embargo, este viernes la Justicia nicaragüense suspendió al menos tres juicios y una audiencia inicial contra 15 estudiantes y campesinos que participaron en protestas antigubernamentales.

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, señaló que desconoce si los juicios serán retomados en las próximas horas o días.

Montenegro dijo estar "extrañado" con la decisión de la Corte Suprema, que el lunes pasado condenó a tres líderes campesinos a penas de hasta 216 años de prisión por participar en protestas contra Ortega, unas sentencias que generaron indignación y duras críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua.

Los familiares de los presos que acudieron al Complejo Judicial de Managua esta mañana "se mostraron bastante entusiasmados, porque, de alguna manera, están sospechando que eso tiene que ver con las pláticas o posible acuerdo que pueda haber con el Gobierno, en el sentido de que los casos sean anulados", explicó el abogado.

Diversos sectores han criticado el reinicio del diálogo sin la liberación de los "presos políticos".

El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, abogó por confiar en esas negociaciones, "porque no hay otra alternativa".

"Es la única vía que tenemos, alternativas no hay. Hay que darle tiempo al tiempo, porque caminando vamos a comprender la voluntad de ambas partes", indicó el religioso.

El diálogo nacional para superar la crisis, que comenzó a mediados de mayo de 2018, fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.

Ortega dijo a través de cadena de radio y televisión que la mesa del diálogo se instalará ahora con menos actores y que está vez no será televisada, como sí lo fue la primera sesión del anterior intento, porque "eso no es correcto en una negociación".

El mandatario explicó que a ese acuerdo llegó con un grupo de prominentes empresarios nicaragüenses con los que se reunió el sábado pasado, con la presencia como invitados del cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y el mismo nuncio apostólico.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.