América 13/09/2018 - 4:42 p.m. jueves 13 de septiembre de 2018

Capturan exjefe de seguridad presidencial de Guatemala por red de corrupción

A los detenidos se le imputaron los delitos de fraude y peculado por esta causa en la que se defraudó al Estado unos 270 millones de quetzales (35,2 millones de dólares).

. / Captura de panatalla
Captura de panatalla

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EFE
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 El exjefe de la seguridad del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) Carlos Quintanilla figura entre los seis detenidos hoy por un caso de corrupción conocido como "Transurbano", por el que está procesado el exmandatario.


La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) informaron de estas capturas, que se realizaron en unos 13 allanamientos en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa (sureste).

Además de Quintanilla, los detenidos son Reina María Gómez González -hermana del prófugo Luis Gómez-, Carlos Roberto Paz Reynoso, Oscar Alejandro Rossi Archila, Otto René Bernal Ovando -excandidato a la Presidencia y coronel retirado- y Roberto Antonio Robles Reyes.

Quintanilla fue jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), responsable de la seguridad presidencial en 2008, año en el que fue destituido por Colom tras denunciar "espionaje" en la Casa Presidencial y en su residencia privada.

En febrero pasado, el expresidente Colom y 11 de sus funcionarios, entre ellos varios ministros, fueron capturados por supuestamente estar implicados en el caso de "Transurbano", una empresa del transporte público de pasajeros en la capital.

A los detenidos se le imputaron los delitos de fraude y peculado por esta causa en la que se defraudó al Estado unos 270 millones de quetzales (35,2 millones de dólares).

En el marco de las investigaciones del Caso Transurbano, la Cicig y la Fiscalía descubrieron que entre 2008 y 2009, personas de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público -Transurbano- a funcionarios del Gobierno de Colom.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del Gobierno a esta asociación que comenzó a funcionar desde los últimos meses de 2008 hasta el final de 2009.

Aprovechando la creación del subsidio de seguridad, un grupo de personas -conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada- habría logrado obtener del Estado más de 80 millones de quetzales (unos 10,5 millones de dólares) para impulsar el Proyecto de Seguridad.

"Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del Proyecto", dijeron las entidades en un comunicado.

Una vez asignados los recursos del Gobierno al subsidio para la seguridad en el transporte público, continúa la investigación, personas de la AEAU y la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A. suscribieron, "de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado", varios contratos para la prestación del servicio, incluyendo la subcontratación de otras empresas de seguridad.

"La investigación evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal se conformó por personas de la AEAU y Protección Metropolitana S.A., quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos", agregaron.

El objetivo era "esconder la extracción indebida de recursos públicos" y para ello la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían "datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte".

De ello tenían "pleno conocimiento" miembros de la Asociación y de la empresa, quienes "actuaron en connivencia para montar el "Proyecto de Seguridad en el Transporte Público" en beneficio de la estructura criminal integrada por ellos mismos.

El Estado asignó para este proyecto unos 10,5 millones de dólares, de los que la investigación ha determinado, hasta el momento, que la estructura se quedó con 2,3 millones para "la compra de bienes inmuebles y aeronaves".

Por este caso hay cinco personas prófugas y además otras dos que estaban acusadas en la primera fase de la investigación del Transurbano: Luis Gómez, presidente de la Asociación, y Rudy Maldonado, representante legal de la misma entidad.

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