07/05/2018 - 12:00 a.m. lunes 7 de mayo de 2018

Ley de seguridad alimentaria omite regular importaciones

La Asamblea aprobó una normativa que resguarda la seguridad y la soberanía alimentaria, pero no regula las importaciones, lo que sigue generando sinsabores

La iniciativa resalta que en las áreas rurales se provean los alimentos a la sociedad, garantizando la seguridad alimentaria. / Archivo | La Estrella de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá

La iniciativa resalta que en las áreas rurales se provean los alimentos a la sociedad, garantizando la seguridad alimentaria.

Mileika Lasso
mlasso@laestrella.com.pa

El pasado 26 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime el proyecto de ley 628, que establece el marco general que rige al sector agropecuario para la seguridad y la soberanía alimentaria, mediante la ejecución de una política de Estado ‘incluyente y sostenible', lo que es calificado por los miembros del sector primario como positivo, mientras aguardan la sanción del Órgano Ejecutivo.

En su momento, la diputada proponente y también presidenta del hemiciclo, Yanibel Ábrego, sustentó en la exposición de motivos que la iniciativa surge luego de que en los últimos treinta años, el sector agropecuario panameño ha sufrido un abandono y disminución paulatina y progresiva de su actividad.

La diputada afirmó que el abandono surge debido a los compromisos adquiridos con organismos internacionales para desmantelar el sistema productivo nacional y la visión sesgada del desarrollo, al enfocar las políticas nacionales y los recursos, principalmente a los sectores que proveen servicios en las áreas aledañas al Canal de Panamá.

‘Las importaciones deben ser mínimas, sólo lo necesario y no en tiempo de zafra',

YANIBEL ÁBREGO

DIPUTADA

Esto, dijo Ábrego, desconociendo el valor de las áreas rurales y su población para proveer de alimentos a la sociedad, garantizar la seguridad alimentaria, la equidad en la distribución de ingresos y la disminución de la inestabilidad social que crea la migración rural - urbana al mantener a las personas en sus comunidades generando riqueza y bienestar.

La iniciativa tiene como prioridad, según el Órgano Legislativo, establecer las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones dirigidas a cumplir el derecho humano a la alimentación adecuada.

A través de un comunicado de prensa, Ábrego manifestó que ‘un país se engrandece y progresa cuando cumple y produce su propia comida'. Aclaró que ‘por insistencia se debe aprobar la ley de la Aupsa (Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos), al considerar que, a medida que se produzca comida en el país, las importaciones deberían tener un porcentaje mínimo, sólo importando lo que se necesita y no haciéndolo en tiempo de zafra'.

La diputada sostuvo que ya es hora de que se cuente con una ley de Aupsa y se evite importar productos agrícolas en el tiempo en que los productores nacionales están cosechando sus rubros. Añadió que es necesario brindar la oportunidad al productor panameño que por años ha sido olvidado por los gobiernos de turno.

‘La ley es buena, pero tiene una laguna en cuanto a la seguridad jurídica de los productores',

AUGUSTO JIMÉNEZ

PRODUCTOR

Sin embargo, a pesar de que el proyecto de ley 628 establece un marco legal para la promoción, comercialización y exportación de los rubros agrícolas y financiamiento e inversión, el mismo deja un vacío legal al no garantizar la seguridad jurídica de los productores.

Uno de los grupos que participó en la creación del proyecto de ley 628 es la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas. Su presidente, Augusto Jiménez, ve la propuesta como buena, pero apunta que ‘no garantiza la seguridad jurídica que claman los productores hasta que no se elimine el desorden de las importaciones que tiene Aupsa en el sector agropecuario, no mejorará nada'.

Jiménez indicó que durante la actual gestión de gobierno, el Órgano Ejecutivo ha vetado ya en tres ocasiones el intento de modificar el Decreto Ley 11 del 22 de febrero de 2006 que crea la Aupsa, y todas en el mes de abril.

‘Hay mucho matiz político en la toma de decisiones, pues los recesos en el Asamblea siempre coinciden', confirmó Jiménez. El proyecto de 188 fue vetado en abril de 2015; la propuesta 443, vetada en abril de 2017; y en abril pasado, el 577.

Uno de los proyectos de ley al que se refiere Jiménez es el 443, que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, decidió vetar parcialmente a mediados del 2017, al considerar inexequibles los artículos 2 y 3, e inconvenientes los artículos 3, 5, 6 y 8. Además, dijo que eran violatorios de la Constitución Política.

El artículo 2 de la propuesta, establecía la participación del Consejo Consultivo como agente de coordinación de la Autoridad para las políticas científicas y técnicas en cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias.

Además, que iba en contra de lo normado en el artículo 4 de la Constitución que establece que Panamá acatará las normas de Derecho Internacional, y en este caso, el artículo 2 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.

El Consejo Científico y Técnico de Seguridad de Alimentos es el organismo competente reconocido por el Decreto Ley 11 de 2006 para conocer de los procedimientos que requieran de una valoración científica y técnica en materia de alimentos y no el Consejo Consultivo.

En ese momento, también se emitió la objeción por inexequible e inconveniente al artículo 3 del proyecto de ley, que se refiere a la inclusión de un representante de la Unión de Productores de Panamá y uno de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá como miembros de la junta directiva de la Aupsa.

comments powered by Disqus