18/08/2015 - 3:28 p.m. martes 18 de agosto de 2015

Gobierno reglamenta ley para prevenir el blanqueo y terrorismo

La reglamentación orienta para la implementación de las debidas diligencias destinadas a conocer a los clientes

Ciudad de Panamá. / Archivo/ La Estrella de Panamá
Archivo/ La Estrella de Panamá

Ciudad de Panamá.

Redacción Digital La Estrella
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El Gobierno de Panamá reglamentó la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo  y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva, mediante el Decreto Ejecutivo 363 del 13 de agosto de 2015, publicado en Gaceta Oficial.  

El hecho es un avance importante para la implementación del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con miras a excluir a Panamá de la lista gris de dicho organismo.

El Decreto Ley N° 363 establece la aplicación de la Ley N° 23 por parte de los supervisores y los  sujetos financieros, los sujetos obligados no financieros y aquellos profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.  

La reglamentación orienta para la implementación de las debidas diligencias destinadas a conocer a los clientes, por parte de los supervisados, siguiendo un enfoque basado en riesgos a fin de identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo  y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Las medidas de debida diligencia que deberán implementarse, se inician cuando establezcan relaciones contractuales o de negocios con un cliente, se realicen transacciones ocasionales, se realicen pagos con efectivo por encima de los umbrales establecidos en las normativas; asimismo se realizarán diligencias ampliadas cuando  existan operaciones inusuales,  o cuando existan dudas sobre la veracidad y precisión de los datos de identificación del cliente, entre otras.

Además deberán considerarse en algunos casos la determinación del perfil financiero y el perfil transaccional, así como la identificación y verificación del beneficiario final, entre otros requisitos a completar.

La reglamentación señala las reglas a aplicar por los sujetos supervisados, para  cumplir con el envío de los reportes de transacciones en efectivo y cuasi-efectivo así como de las operaciones. 

 

 

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