16/06/2015 - 12:00 a.m. martes 16 de junio de 2015

¿Qué hace falta para que Panamá salga de la lista gris del GAFI?

Las autoridades de Gobierno apuntan a que el país logrará salir de la lista gris del GAFI en febrero del 2016

La Ley 23 es contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. / Andrij Vatsyk | Shutterstock
Andrij Vatsyk | Shutterstock

La Ley 23 es contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

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Jessica Tasón
periodistas@laestrella.com.pa

Esta semana en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Panamá presentará los avances obtenidos en el plan de acción, que incluyen siete leyes sancionadas y publicadas en Gaceta Oficial, entre las que se encuentra la Ley 23 que adopta medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el de armas de destrucción masiva.

El informe que se presentará el próximo 20 de junio será el mismo que se discutió en la reunión del pasado 28 de abril del grupo revisor de las Américas, encargado de certificar los avances de los países que conforman el Gafilat, entre ellos Panamá.

Dicho documento aún no cuenta con las reglamentaciones finales, que se espera sean presentadas en la próxima reunión plenaria de GAFI en octubre, lo que posterga la salida de Panamá de la lista gris para febrero del 2016. El GAFI celebra tres reuniones plenarias en el año, en febrero, junio y octubre.

‘Nosotros nunca íbamos a salir en octubre de la lista gris, era imposible. De hecho, los países logran quedar fuera en tres años en promedio y Panamá lo hará en un año y medio', indicó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

La viceministra explicó que para salir de la lista, el GAFI debe hacer una visita en sitio que se programará después que Panamá haya completado el plan de acción, que podría ser entre octubre y diciembre próximos.

Panamá entró a la lista gris del GAFI en junio de 2014 y desde su entrada, la Ley 23 ha sido el mayor avance registrado, legislación que se encuentra vigente y que está a la espera de la aprobación de los borradores finales de 15 reglamentaciones.

‘A mi juicio esta ley abarca el aspecto completo de transparencia y es un ejemplo para otros países a nivel internacional, ya que no solamente serán sujetos a supervisión los entes de las instituciones financieras, sino que ahora también se incluye al sector no financiero', reiteró Varela.

Compañías de bienes raíces, constructoras, casinos, empresas que venden y compran autos usados o nuevos, las empresas de la Zona Libre de Colón y las instaladas en las demás zonas francas del país, las que se dedican a la comercialización de metales preciosos y piedras son fiscalizadas ahora por la recién creada Intendencia de Supervisión y Regulación de No Financieros.

‘Con la implementación de la Ley 23 se va a fortalecer muchísimo el sistema financiero y el sistema no financiero, y también la transparencia de nuestro país', insistió la viceministra de Finanzas.

REGLAMENTACIONES

En la última reunión face to face , Panamá tuvo la oportunidad de dar a conocer que la Ley 23 ya había sido sancionada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y publicada en la Gaceta Oficial un día antes de la presentación de los resultados, donde también se llevaron nueve de los quince borradores finales de las reglamentaciones.

‘Espero que de aquí a un mes podamos tener las reglamentaciones listas para presentarlas en la próxima reunión del grupo revisor de las Américas, en el mes de septiembre, quienes llevarán los resultados a la reunión plenaria de octubre', resaltó Varela de Chinchilla.

El analista financiero de EY (Ernst & Young), Bismark Rodríguez, dijo que las reglamentaciones de la Ley 23 siguen avanzando y consultándose con el sector privado, y se espera que estén concluidas este mes.

El especialista resaltó que aunque los efectos en el sector financiero son importantes porque hay que reforzar algunos temas, como el enfoque de riesgo, el sector no financiero y el de los profesionales es en donde se verán los mayores impactos porque tendrán que designar a una persona de enlace entre la entidad y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y tendrán que contar con procesos internos que los ayuden a cumplir con la nueva legislación.

‘Si tú ves la Ley al día de hoy, pareciera que aplica a todos por igual; obviamente, hay que esperar la reglamentación para cada sector y así las empresas puedan definir si tienen la infraestructura y los recursos para poder cumplir', recalcó Rodríguez.

Para el analista financiero lo más probable es que muchas empresas no financieras salgan a la calle a buscar un tercero, o sea un proveedor especializado, que le preste los servicios de debida diligencia y de conocimiento de los clientes, porque es un tema que no manejaban y que ahora tendrán que hacerlos como nuevos actores bajo la regulación de la nueva intendencia.

‘Desde el punto de vista del país, esta nueva legislación es sumamente importante porque definirá una estrategia nacional para la prevención del blanqueo y la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de las armas de destrucción masiva, lo que representa una coordinación quirúrgica entre los diferentes estamentos del Estado, entre los reguladores del sector financiero y no financiero y otros organismos de seguridad nacional que van a tener que estructurar un proceso que puedan compartir información y coordinar acciones', detalló Rodríguez.

Para el analista financiero, el otro elemento de impacto en la Ley es lo que se hará a nivel de tribunales, fiscalías y todas las instancias administrativas, civiles y penales que están implicadas o que van a estar afectadas. Como por ejemplo, mencionó que una de las cosas que siempre se critican en los procesos de prevención y en los casos de corrupción o de lavado de dólares es cómo se obtienen las evidencias, ya que muchos casos mueren en los tribunales porque fueron recabadas de manera poco ortodoxa, sin metodología ni el cuidado debido.

Según el especialista, esta Ley debe llamar a todos a la reflexión, a tener un proceso educativo general, no sólo a las empresas del sector financiero y no financiero, sino de todo lo que es el sistema judicial panameño.

FUSIONES

Sobre los costos operativos, el analista señaló que las regulaciones siempre conllevan una inversión que es asumido por las empresas, pero el no cumplir con estas reglamentaciones implican un costo mayor por el deterioro de la reputación de la compañía, que se traduce en la confianza que se transmite al mercado.

‘Si el mercado percibe que tú eres un actor que no juega con reglas de transparencia y reglas claras, te castiga no haciendo negocios contigo, entonces tú tienes un problema de continuidad y sostenibilidad en el tiempo', acotó.

El especialista de EY resaltó que es probable que para que las empresas pequeñas puedan cumplir con esta regulación y con otras que han ido saliendo en diferentes ángulos de los negocios financieros, tengan que verse en la necesidad de evaluar hacer alianzas o fusiones.

‘No nos debería extrañar que en los próximos cinco años veamos empresas pequeñas haciendo fusiones o combinándose con empresas más grandes porque el costo regulatorio va directo a la ganancia de la compañía, lo que se puede diluir si tienes una mayor infraestructura para procesar tus operaciones', manifestó.

Rodríguez advirtió que muchos bancos globales y empresas multinacionales están en un proceso de sacar operaciones de Centroamérica y Suramérica porque el costo de cumplir con la regulación es bastante elevado.

Sobre el nuevo regulador, señaló que es una buena iniciativa porque Panamá empieza a imponer reglas de transparencia y de conducta apropiada del mercado a todos los actores de los sectores económicos y porque busca una mayor profesionalización. Además, el Estado puede contar con elementos para crear una especie de inteligencia financiera que le permita definir dónde están los riesgos país, los riesgos de imagen y de reputación, porque un objetivo primario estratégico es salir de esas listas negras en las que se encuentra Panamá.

‘Tú no sólo debes aplicar regulaciones al sector financiero y olvidarte del sector real, que es el que trae operaciones en el flujo de transacciones, porque si no controlas ambos lados tienes un problema, pero también tienes un reto mayor que son las entidades no financieras y los estamentos del Estado y cómo se ejercen los controles en el sistema judicial y la Contraloría General de la República', reiteró.

Por su parte, el banquero Moisés Cohen dijo que Panamá ha asumido el reto y eso es muy importante porque las autoridades están haciendo su trabajo. ‘La Ley 23 y la ley de acciones al portador son vistas con buenos ojos a nivel internacional, por lo que esperamos salir pronto de la lista gris de GAFI', manifestó Cohen.

Entre los efectos más nocivos que produce estar en la lista gris, la viceministra de Finanzas destacó que los bancos extranjeros cortan las corresponsalías y esto afecta porque Panamá no tiene banco central; además, aumentan los costos operativos y poco a poco podrían ir cerrando las entidades financieras porque ‘quedamos desconectados del mundo, lujo que no puede darse Panamá como país de servicios'. ‘Argentina estuvo cinco años en la lista, pero es un país que tiene mucha industria'.

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BAJO LA LUPA

Mitos sobre el lavado de dinero

La mayoría de las personas asocian el lavado de activos y la financiación del terrorismo como delitos que solo provienen del delito de narcotráfico, lo que es falso, insistió el vicepresidente y socio de RICS Management, René Mauricio Castro Vaca.

Otro mito, según el representante de la firma consultora, es pensar que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo solo afecta a entidades del sector financiero, lo que no es cierto y, por el contrario, mientras los empresarios no sean conscientes del riesgo, los delincuentes se aprovecharán de esa situación.

‘El pensar que la financiación del terrorismo solo proviene de actividades delictivas es un error porque está demostrado en el mundo entero que los grandes actos terroristas fueron financiados con dineros obtenidos de actividades lícitas', enfatizó Castro.

Igualmente, según el especialista en riesgo, pensar que el lavado de activos y la financiación del terrorismo solo tienen que ver con transacciones en efectivo es falso porque las investigaciones judiciales han demostrado que los delincuentes han utilizado todo tipo de transacciones para lograr sus objetivos.

Aunque una de las grandes actualizaciones en las 40 recomendaciones del GAFI hechas en 2012, fue el enfoque basado en riesgo, aún existe el mito, apuntó Castro, de que los sistemas de administración de riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo cubre todos los escenarios posibles, desconociendo que estos sistemas son un eslabón más en la cadena de normas de prevención y control .

Adicionalmente, Castro explicó que es un error pensar que los sistemas de administración de riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo solo requieren de una buena herramienta de tecnología o de verificar los nombres de los clientes en listas restrictivas, sin tener en cuenta que los sistemas de administración de riesgo necesitan, además de la tecnología, una cultura organizacional de riesgo.

Otro de los problemas, según el especialista, es el grado de escepticismo que tienen las empresas o sus empleados con el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo. ‘La mayoría de las empresas o de los empleados consideran que no puede pasarles a ellos, porque se consideran una organización estable y que los daños no serían significativos, en caso de presentarse', manifestó.

Eyda Varela de Chinchilla

‘ ‘Nosotros nunca íbamos a salir en octubre de la lista gris, era imposible. De hecho, los países logran quedar fuera en tres años en promedio y Panamá lo hará en un año y medio',

VICEMINISTRA DE FINANZAS

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ANTIBLANQUEO DE CAPITALES

  • La Ley 42 sólo incluía la prevención del blanqueo de capitales.
  • 15 es el número de borradores de las reglamentaciones existentes para la Ley 23 de antiblanqueo de capitales.
  • reguladores establece la Ley, antes eran cuatro. El nuevo supervisor está a cargo de las entidades no financieras.
  • tipos de empresas se agregaron a las reguladas por la Superintendencia de Bancos.

ENTIDADES NO FINANCIERAS

  • La Ley 23 establece la supervisión de las empresas no financieras.
  • Las empresas establecidas en la Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú y zonas francas que realicen actividades dedicadas al comercio exterior.
  • Empresas de la Zona Libre de Colón.
  • Empresas de remesas de dinero, sea o no la actividad principal.
  • Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas.
  • Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces y empresas dedicadas a la construcción.

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