06/09/2018 - 3:28 p.m. jueves 6 de septiembre de 2018

Asamblea aprueba proyecto de ley que regula los 'call center'

El proyecto de ley 653  propone que los operadores de los 'call centers'  estarán libres de impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales

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Redacción Digital La Estrella
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Con el propósito de Cumplir con los estándares de transparencia fiscal internacional de la OCDE y la Unión Europea,  el pleno de la Asamblea  Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 653 que regula la actividad de los centros de llamadas para uso comercial (call center).

La normativa crea un instrumento jurídico para la regulación de todo lo relacionado con esta actividad, garantizan la competitividad y diversificación de la economía, la atracción de inversión extranjera directa y su consecuente impacto positivo en la generación de empleo”, señaló la Ministra de Economía y Finanzas encargada Eyda Varela de  Chinchilla.
La Ley 653 desarrolla el régimen fiscal aplicable,  como requisitos migratorios y laborales que aplican a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a esta actividad, y  elimina el tratamiento fiscal diferenciado para las operaciones internas y externas, estableciendo una tasa neutra de cero por ciento de impuesto sobre la renta a la utilidad generada por la operación comercial.

En  Panamá, los “call centers”  generan más de 9 mil plazas de trabajos y ofrecen los mismos beneficios que en otros países de la región, por lo que la legislación busca mantener la competitividad de la industria.

Durante la discusión,   se  conoció  que  en el país solo están funcionando 32 centros de llamadas a pesar de que existen  134  licencias emitidas por la Autoridad de los Servicios Públicos  (ASEP). 

El proyecto de ley 653  propone que los operadores de los call centers  estarán libres de impuestos directos e indirectos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales.

La nueva ley representa un avance en la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecida en base a cuatro pilares: transparencia financiera, cumplimiento de los estándares de transparencia fiscal internacional de la OCDE y de la Unión Europea,  mejorar la competitividad del sistema financiero panameño y la calificación de riesgo del país.

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