ACP pide ‘no proseguir’ con el proyecto de incineración de drogas

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) solicitó al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que no proceda con el estudio de impacto ambiental para el proyecto de remodelación de una galera destinada a la incineración de narcóticos en el área de Cocolí.

En una carta dirigida a MiAmbiente, la ACP reafirma su posición contra el proyecto después de una “exhaustiva revisión” de las coordenadas y una inspección en el terreno. La entidad insta a MiAmbiente a rechazar y detener el proceso de evaluación del estudio presentado.

El estudio de impacto ambiental de categoría II, bajo el título de “Proyecto de remodelación de la galera para la incineración de narcóticos”, ha sido objeto de críticas por parte de la ACP debido a la falta de una autorización de proyecto en la cuenca emitida por la entidad.

Además, la ubicación propuesta dentro de áreas silvestres protegidas, según lo establecido en la Ley 21 de julio de 1997, se considera incompatible con dicho uso de suelo.

En la carta enviada al Ministerio de Ambiente, la ACP incluye un mapa de la cuenca hidrográfica que destaca que el proyecto del Ministerio de Seguridad se encuentra dentro del polígono del área protegida.

La solicitud de la ACP se da luego que el Ministerio de Seguridad informó, en una misiva a MiAmbiente, que el proyecto está fuera de los límites de compatibilidad del Canal de Panamá, lo que eximiría de la necesidad de permisos por parte de la ACP.

El proyecto implica la instalación de un incinerador en el área de Cocolí, que anteriormente fue utilizada por algunas ramas del Ejército de Estados Unidos. Este incinerador constaría de dos cámaras, una para la incineración de la materia a destruir y otra para la quema de los gases generados durante la combustión.

El presupuesto estimado para la construcción de las obras civiles y el equipamiento es de $1,5 millón. El sistema propuesto para la incineración de narcóticos y otras drogas decomisadas por las autoridades sería un incinerador de materiales sólidos de cámara rotativa, con una capacidad de tratamiento de aproximadamente 300 a 500 kg/h.

Actualmente, las drogas decomisadas son enviadas a Estados Unidos para su destrucción por las autoridades de ese país. Esta propuesta de incineración local busca cambiar ese proceso, pero enfrenta resistencia debido a preocupaciones ambientales y legales planteadas por la ACP y otros sectores.

El Minseg sometió el estudió de impacto ambiental categoría II para su aprobación y el proyecto no prevé una etapa de abandono porque la prevención del uso de narcóticos y drogas a través de los decomisos a grupos delincuenciales es una función del Estado que se debe dar permanentemente.