El fracaso del Estado compensatorio

El inicio de la política neoliberal en Panamá se dio durante la época del gobierno militar, en el que se pactó con el Banco Mundial un primer préstamo de ajuste estructural en 1983, seguido por un segundo préstamo de ajuste estructural suscrito en 1987. Sin embargo, fue luego de la invasión norteamericana de 1989 y la instalación de los llamados gobiernos democráticos, cuando la política neoliberal empezó a desenvolverse en toda su plenitud.

Entre los cambios estructurales que significó la implantación plena del neoliberalismo en Panamá se pueden señalar los siguientes: la privatización de las empresas públicas, destacándose los casos del IRHE y el INTEL; la liberalización de las relaciones comerciales externas, realizadas con una desgravación unilateral y la firma de toda una serie de tratados de libre comercio; la desaparición de los elementos institucionales de control de precios interno; la eliminación del ministerio de Planificación; la reducción de las tasas impositivas sobre la renta para los grandes agentes económicos; la introducción de las cuentas individuales en el sistema público de pensiones.

Siguiendo las directrices de las llamadas instituciones financieras, con la finalidad de asegurar estabilidad política interna dado los impactos sociales de la reforma neoliberal, se estableció una política de compensación que buscaba atender a los sectores más vulnerables del país. Para este fin, se creó una institucionalidad dedicada a administrar las supuestas compensaciones, la cual tomó diversos nombres (FIS, FES, etcétera). Pronto fue claro que las mismas constituían focos de clientelismos y corrupción.

Obviamente, frente a las tendencias privatizadoras, no se intentó el desarrollo de una política social coherente basada en los derechos humanos, de manera que las compensaciones derivaron hacia distintas formas de transferencia monetaria para los sectores más vulnerables y otros, de las que se esperaba lograr una situación políticamente pasiva de una parte importante de la población, así como la constitución de un mecanismo de clientelismo político – electoral.

La política de compensación en nuestro país está, desde el principio, marcada por una contradicción: un estado fiscalmente limitado frente a la creciente necesidad financiera que significan dichas compensaciones. En la limitación de los ingresos fiscales juegan varios elementos.

En primer lugar, se destaca la corrupción originada en las coimas y privilegias, que se han convertido en un fenómeno generalizado en el sector público, con un costo que puede llegar hasta el 4.0% del PIB anual.

Una segunda problemática se refiere al problema de los impuestos. Por comenzar, Panamá es el país en América Latina y el Caribe con la menor carga impositiva (12.7% del PIB). A esto se debe agregar una forma de corrupción que se origina en el sector privado – corporativo del país. En efecto, la última medición de la magnitud de la evasión de impuestos de este sector, realizada por la DGI (incumplimiento tributario) en el 2021, mostró que la misma alcanzó a B/ 7,838.6 millones anuales (11.6% del PIB).

Lo anterior muestra que las diversas formas de corrupción públicas y privadas, junto a las prácticas del clientelismo, prácticamente nulifican las posibilidades de un desarrollo social coherente e integral sostenido, en buena parte, por los aportes del Canal de Panamá al Gobierno Central. Es así que los aportes de la ACP al gobierno central en el 2021 apenas representaron cerca del 19.0% de la evasión tributaria del sector privado - corporativo.

En este contexto, la única forma que los mal llamados gobiernos democráticos encontraron para balancear el gasto público fue la creciente deuda pública, la que ha llegado a niveles insostenibles. La fallida intentona de estos gobiernos de captar algunos aportes fiscales, mínimos, por cierto, por la vía del extractivismo minero y su grave impacto sobre el medio ambiente, fracasó ante la decidida oposición de la ciudadanía.

Todo esto ha llevado a que tanto los sectores económicamente dominantes, los capitales internacionales y las calificadoras que le sirven de voceras, hayan señalado que el único camino es la compactación fiscal y la búsqueda de nuevos ingresos. Se puede esperar, entonces, que el nuevo gobierno, que desde luego no dejará de ser neoliberal, ni corrupto busque introducir políticas que lleven a: la eliminación de los subsidios a la población, no así a los del capital; austeridad fiscal incluyendo salud y educación; introducción de medidas paramétricas y más cuentas individuales en la CSS; aumento del ITBMS; reapertura de la mina de Donoso y pleno desarrollo de estilo extractivista – minero. Todas estas medidas apuntan a menos compensación y, desde luego, a más autoritarismo. Desde luego que la idea de un mayor cumplimiento y equidad tributaria o una verdadera lucha contra todas las formas de corrupción quedarán por fuera.

Es así que los sectores sociales, principalmente los que se han abstenido de participar en la actual comedia electoral, deberán prepararse para generar la fuerza social capaz de resistir la nueva embestida neoliberal, promoviendo un estilo de desarrollo nacional, democrático, con justicia social y pleno respeto al medio ambiente.